El procurador general interino de Argentina, Eduardo Casal, solicitó el jueves a la Corte Suprema de Justicia del país sudamericano que añada el delito de asociación ilícita a la condena ya impuesta a la expresidente izquierdista Cristina Fernández de Kirchner por el conocido caso «Vialidad».
Con ello, la condena impuesta a la exmandataria pasaría de 6 años de cárcel a 12, tras ser hallada culpable de liderar una trama en la que fueron asignados de manera irregular hasta 51 contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante el tiempo en el que era presidente de la nación.
La decisión de Casal viene respaldada por la apelación que ya había presentado ante la Corte Suprema el fiscal general de casación, Mario Villar.
Este petitorio pone la pelota directamente en el alto tribunal, quien podría tomarse hasta un año para emitir un veredicto al respecto.
