Borrón y cuenta nueva. Este parece ser el lema que la Administración Biden pretende aplicar con Venezuela y la tiranía de Nicolás Maduro de ahora en adelante, tras la firma de un «acuerdo» este martes en la isla caribeña de Barbados con representantes del chavismo.
El mismo plantea que se harán elecciones presidenciales en «el segundo semestre» del próximo año, y que estas contarán con observación internacional de la Unión Europea y el Centro Carter, entre otros organismos; así como el emplazamiento a todo el que concurra como candidato a los dictámenes previstos por el sistema electoral y los poderes públicos que actualmente son controlados por el chavismo.
Lo importante: en principio la negociación pretende intercambiar la eliminación de ciertas sanciones estadounidenses a la industria petrolera venezolana por una supuesta mejora en las condiciones para las eventuales elecciones presidenciales previstas para 2024 en las que Maduro pretende ser reelecto para un nuevo período de seis años.
El dictador venezolano, quien ya cumplió una década al frente del Estado venezolano, urdió unas elecciones fraudulentas en 2018 que terminó «ganando» aplastantemente. Tras ese hecho buena parte del mundo, y en especial los Estados Unidos, impuso sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela para evitar que el crudo venezolano fuese colocado en los mercados internacionales, buscando con ello crear un cerco económico a la tiranía.
Paralelamente, y ante la usurpación que ejercía Maduro, el entonces cabeza del Legislativo venezolano, el diputado opositor Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino prometiendo restaurar el orden democrático en el país a través de unas elecciones limpias. Sin embargo, dicha maniobra nunca logró materializarse y, mientras la dictadura chavista se ha enquistado en el poder, hoy Guaidó vive exilado en Miami.
En agosto de 2021 la oposición venezolana y el régimen chavista dieron pie, con el auspicio del Reino de Noruega, a una ronda de diálogos para negociar condiciones electorales y la liberación de presos políticos a cambio del desmontaje de sanciones. Sin embargo, hasta ahora esos diálogos no habían cristalizado en nada concreto.
El correr del tiempo y los cambios provocados por la salida del Partido Republicano y la llegada de los demócratas a la Casa Blanca, parecen estar jugando a favor de Maduro en este momento, en medio además de las presiones de las empresas petroleras estadounidenses que tienen cuantiosas inversiones en Venezuela.
Aunque el acuerdo suscrito en Barbados deja entrever que Estados Unidos monitoreará el cumplimiento de lo pautado por parte de las autoridades venezolanas y que, de ello depende la liberación de presiones económicas contra el régimen, la experiencia deja, más bien, demasiado espacio al escepticismo a la hora de creer que Maduro y los suyos darán cabida a mecanismos que amenacen su estadía en el poder.
Hasta ahora la tiranía izquierdista tiene control del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como de la mayoría de los medios de comunicación en el país. Del mismo modo el chavismo ha infiltrado a buena parte de los partidos de oposición y creado otros tantos, mientras se ha encargado de inhabilitar políticamente a quienes considera sus principales adversarios, como es el caso de los opositores María Corina Machado y Henrique Capriles.
Justamente el tema de las inhabilitaciones, de cara a la presunta elección presidencial del año próximo, es uno de los temas que se mantuvo en el aire durante las discusiones que produjeron el acuerdo rubricado en la isla caribeña. Sin embargo, hasta ahora no se tiene certeza alguna de que, Machado, quien hasta ahora es la líder opositora que encabeza todos los sondeos, vaya a ser habilitada para poder competir electoralmente con Maduro en 2024.
Aunque en el máximo representante de la oposición en el encuentro, Gerardo Blyde, señaló que el evento abre una ruta para el levantamiento de inhabilitaciones políticas de distintos opositores «con celeridad», en el documento acordado entre ambas partes no hay alusión alguna a ello, sino que se indica que «se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana».
Otro de los asuntos que han quedado en el aire en el documento final es el relativo a la liberación de más de 200 presos políticos, señalados por Maduro, en la mayoría de los casos, de estar incursos en supuestas conspiraciones para deponerlo.
La historia reciente muestra una clara tendencia del régimen venezolano a utilizar estas instancias, las del diálogo y la negociación, como mecanismos para marear la perdiz y ganar tiempo, en aras de desmovilizar acciones opositoras que puedan comprometer de verdad su estadía en el poder. Lamentablemente en esta ocasión el panorama no parece ser distinto.
