El régimen de Miguel Díaz-Canel ha autorizado por primera vez en seis décadas la creación de empresas mixtas entre el Estado y el sector privado, una decisión que refleja la profunda crisis económica que atraviesa Cuba tras décadas de economía centralizada.
La medida ha sido aprobada mediante el Decreto-Ley 114, publicado en la Gaceta Oficial, que permite la constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas entre empresas estatales y actores privados cubanos. Estas nuevas entidades podrán fijar salarios, contratar personal, definir precios e incluso realizar exportaciones e importaciones de forma directa.
El texto legal establece que estas compañías podrán dedicarse a cualquier actividad económica lícita, con la única excepción de sectores estratégicos controlados por el régimen como la salud, la educación o áreas vinculadas a las instituciones armadas.
Una apertura a empresas forzada por la crisis
La decisión llega en medio de una de las peores crisis económicas de la isla en décadas, marcada por la escasez de combustible, apagones frecuentes, inflación y graves problemas de abastecimiento.
La incapacidad del Estado para sostener el sistema productivo ha obligado al régimen a introducir reformas parciales que, en la práctica, reconocen el fracaso del modelo económico socialista implantado tras la revolución de 1959.
Hasta hace pocos años, la legislación cubana ni siquiera contemplaba la posibilidad de que empresas estatales y privadas nacionales pudieran participar conjuntamente en una misma sociedad. La presión económica ha ido forzando cambios graduales. En 2021 el Gobierno permitió por primera vez la creación de pequeñas y medianas empresas privadas, tras casi seis décadas de prohibición.
A pesar de las restricciones impuestas por el régimen, el sector privado ha ido ganando terreno en la economía cubana. Para 2025, las cerca de 9.900 empresas privadas existentes en la isla ya representaban alrededor del 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa, mientras el comercio minorista privado superaba por primera vez al estatal.
Estos datos evidencian el deterioro de las empresas públicas cubanas, caracterizadas por décadas de baja productividad, escasez crónica y fuerte dependencia del Estado. Pese a la apertura parcial, el nuevo marco legal mantiene un control férreo del régimen sobre el sector privado.
La creación de estas sociedades deberá ser aprobada por el Ministerio de Economía y Planificación, y en muchos casos el Estado podrá adquirir participaciones en empresas privadas o incluso absorberlas dentro del aparato estatal.
De esta manera, el régimen intenta introducir mecanismos de mercado para salvar una economía en crisis, pero sin renunciar al control político del sistema. Tras más de seis décadas de planificación centralizada, el propio Gobierno cubano se ve ahora obligado a recurrir a fórmulas que durante años fueron consideradas incompatibles con el modelo comunista que rige la isla.
