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PRORROGADO CONTINUAMENTE POR EL PARLAMENTO

El Salvador cumple dos años bajo el régimen de excepción impulsado por Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Europa Press

Se cumplen dos años de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidiese el 27 de marzo de 2022 la declaración del régimen de excepción. Pasado ese tiempo la criminalidad está en niveles mínimos, pero las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos siguen preguntándose que a qué precio.

Bukele hizo valer su mayoría parlamentaria para obtener las medidas excepcionales reclamadas, que se han ido renovando sucesivamente. A principios de este mismo mes, la Asamblea Legislativa aprobó la vigesimocuarta prórroga, de tal manera que el régimen permanecerá vigente al menos hasta mediados de abril, aunque no hay perspectivas de finalización a corto plazo.

Esta semana, Bukele presumió del cerco a cuatro a zonas con 5.000 policías y un millar de soldados, a raíz de dos homicidios en la zona norte. «No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas», proclamó en redes sociales, un altavoz habitual para defender que, a día de hoy, El Salvador es «el país más seguro» de América Latina.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reconoció en enero que aún faltan entre 18.000 y 20.000 pandilleros por detener, pese a que los arrestos ya superan los 75.000. El Gobierno admite cierto margen de error en estas detenciones masivas, que rondarían entre 6.000 y 7.000, como llegó a estimar el vicepresidente Félix Ulloa.

La delincuencia ha bajado, pero la ONU ha advertido de los excesos ejercidos por las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad salvadoreñas. La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el año pasado de que entre los detenidos había 1.600 menores de edad.

Hasta febrero, se habían registrado 327 casos de desapariciones forzadas, más de 78.000 detenciones arbitrarias y al menos 235 muertes bajo custodia, según recuentos difundidos por Amnistía Internacional, que eleva a 102.000 la cifra aproximada de personas entre rejas. Las cárceles están al 148 por ciento de su capacidad, pese a que el Gobierno ha construido una megaprisión para aliviar este hacinamiento.

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