El Senado de Chile ha aprobado en general el proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país, en un giro migratorio que rompe con la antigua consideración de esta conducta como una simple falta administrativa. La iniciativa fue respaldada por 24 votos a favor y 20 en contra, y continuará ahora su tramitación con plazo para presentar indicaciones.
El proyecto, impulsado originalmente por el diputado Andrés Longton, de Renovación Nacional, modifica la Ley de Migración y Extranjería para sancionar penalmente a quienes ingresen al territorio nacional por pasos no habilitados o eludiendo los controles de la autoridad. La medida contempla penas de presidio menor, multas y la posterior expulsión del extranjero una vez cumplida la sanción.
La aprobación en el Senado supone un paso político relevante en un país golpeado durante los últimos años por una crisis migratoria que ha desbordado especialmente la frontera norte, donde miles de extranjeros han ingresado de forma irregular a través de rutas clandestinas. El debate ya no gira sólo en torno a la gestión administrativa de la inmigración, sino en torno a una cuestión mucho más profunda: si el Estado tiene o no derecho efectivo a defender sus fronteras.
Hasta ahora, el ingreso irregular era tratado principalmente como una infracción administrativa. Con esta reforma, Chile avanza hacia un modelo más duro, que busca enviar una señal disuasiva a quienes pretendan entrar al país al margen de la ley. La propuesta establece penas de presidio menor en su grado mínimo —de 61 a 540 días— y multas de 5 a 10 UTM. En casos agravados, como el ingreso pese a una prohibición vigente, la pena podría elevarse hasta cinco años.
El Gobierno chileno ha defendido la iniciativa como una herramienta necesaria frente a la emergencia migratoria. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que la medida tiene un carácter preventivo y disuasorio, en un contexto marcado por miles de expulsiones pendientes y una presión creciente sobre la seguridad, los servicios públicos y la capacidad institucional del país.
La izquierda y sectores progresistas han criticado el proyecto alegando que podría sobrecargar el sistema penal y dificultar las expulsiones. También han advertido de posibles problemas de constitucionalidad y de debido proceso. Sin embargo, los impulsores de la norma insisten en que no se criminaliza la migración regular, sino una conducta concreta: entrar clandestinamente en un país soberano, esquivando sus controles fronterizos.
El texto contempla excepciones para niños y adolescentes, así como resguardos en materia de refugio. Aun así, sus defensores consideran que la norma es indispensable para evitar que el ingreso ilegal siga funcionando como una vía de hecho tolerada por el Estado.
La medida llega después de años de tensión social en Chile por el aumento de la inmigración ilegal, especialmente en ciudades del norte como Iquique, Arica o Colchane.
El proyecto aún no es ley definitiva. Tras su aprobación en general, deberá ser discutido en particular en el Senado, donde podrán incorporarse modificaciones antes de su eventual aprobación final y posterior revisión.
