El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha avanzado este jueves en un plan que podría incrementar la censura en el país iberoamericano y arrinconar a las voces disidentes, al dar un plazo de 60 días a las plataformas de redes sociales para adaptar sus sistemas y retirar contenidos supuestamente ilegales con mayor rapidez.
La medida asume como corresponsables a las redes por publicaciones «delictivas» de terceros. La acción busca obligar a empresas como Facebook, Instagram y X a implementar mecanismos de identificación, remoción y atención de denuncias más eficaces.
El fallo reglamenta una decisión adoptada por el propio tribunal el año pasado, cuando la mayoría de los magistrados concluyó que estas plataformas pueden ser responsabilizadas por daños causados por contenidos ilícitos, incluso sin una orden judicial previa. Según la nueva disposición, bastará una notificación extrajudicial en varios casos para exigir la retirada de material prohibido.
Entre los contenidos que deberán ser eliminados de inmediato figuran mensajes que la Justicia determine como «antidemocráticos», de «apología o incitación al terrorismo», «contenidos racistas», pornografía infantil e instigación al suicidio, además de otras publicaciones que vulneren derechos fundamentales. El Supremo también ordenó que las empresas establezcan procedimientos transparentes para recibir y analizar denuncias.
