Nicolás Maduro tiene por costumbre usar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como su propio bufete de abogados para que le avalen sus arbitrariedades y evitar que se cumplan la Constitución y las leyes.
Respecto a las elecciones presidenciales del 28 de julio, la norma es muy clara: el Consejo Nacional Electoral está obligado a presentar las actas que demuestren los resultados anunciados por el organismo. Pero para evitar ese paso, Maduro decidió sustituir las actas por una sentencia del TSJ, que afortunadamente ni sus aliados -Lula y Petro- reconocen como válida.
Pero un episodio parecido ocurrió en octubre de 2016, cuando el TSJ sentenció -sin presentar prueba alguna- que Maduro es «venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad» por lo que podía ejercer el cargo de presidente de la República.
En ese entonces, surgieron múltiples evidencias sobre los orígenes colombianos de Maduro y, como consecuencia, se le pidió que exhibiera públicamente su acta de nacimiento.
El dictador venezolano nunca lo hizo y, en su defecto, recurrió al TSJ para que lo declarara venezolano «por sentencia». Ser colombiano nada tiene de malo -quien escribe también lo es- pero la Constitución de Venezuela en su artículo 227 es muy clara respecto: «Para ser elegido presidente de la República o elegida presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta años…»
En el libro que publiqué titulado «Nicolás Maduro es colombiano», explico detalladamente y, luego de revisar centenares de documentos, que «no solo la madre de Maduro es colombiana, sino también su padre, sus tíos, sus dos abuelos maternos, y buena parte de su familia paterna. No hay un solo antepasado de Maduro comprobadamente venezolano; por sus venas no corre ni una gota de sangre venezolana».
Otro documento que Maduro jamás presentó fue el acta de defunción de Hugo Chávez. El régimen venezolano dijo que Chávez había fallecido en marzo de 2013, sin presentar las pruebas correspondientes.
El general de división del Ejército (r) Rafael Montero Revette, el contralmirante (r) Elías Buchszer Cabriles, Salvadora Elizabeth Guaraco Martínez y los abogados Mercedes Contreras Nunés y José María Zaa, solicitaron dicha acta ante el Tribunal 17 de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas por cuanto, señalaron en su escrito entonces, «no existe el documento oficial firmado por un médico forense que certifique que Chávez haya muerto el 5 de marzo de 2013 en el hospital militar caraqueño «Carlos Arvelo»».
Lo cierto es que el acta no apareció nunca por ningún lado. Se especula, hasta el día de hoy, que Chávez «habría muerto el 30 de diciembre de 2012 y no el 5 de marzo de 2013».
El tiempo entre la fecha real de la muerte de Hugo Chávez y la anunciada públicamente fue usada para preparar la transición requerida por Maduro para asumir el poder sin mayores complicaciones. En esa oportunidad el TSJ fabricó otra sentencia amañada para justificar la toma de posesión de Maduro.
Amigo lector ¿entiende usted porque el venezolano no cree en un Tribunal Supremo cuya trayectoria está cargada de opacidad? No solo en relación en materia de sentencias para suplantarlas por actas -ya sea la del nacimiento de Maduro, la del fallecimiento de Chávez o las de los verdaderos resultados de las elecciones del 28J- que ya es mucho decir; sino también porque los magistrados que integran dicho tribunal, deben ser juristas de reconocida trayectoria y honorabilidad. Ya en 2021, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela declaró, que el sistema judicial venezolano desempeñaba un papel preponderante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno, de lo que por supuesto no escapa el alto tribunal. De entonces a 2024, la represión se ha intensificado cada vez más.
