El terrorismo indigenista está creciendo a pasos agigantados en el sur del continente americano. Chile y Argentina son víctimas, no sólo del accionar criminal del etnoterrorismo, sino del apoyo ideológico y hasta económico que sus gobiernos brindan a los terroristas. Y es que tanto el kirchnerismo como el Gobierno de Boric tienen dentro de su marco ideológico inserta la idea de que el reclamo separatista-indigenista es válido. Por eso temen perder su base electoral e ir contra su propia narrativa si de alguna manera se oponen al accionar del terrorismo mapuche.
Esta debilidad intrínseca es bien conocida por los distintos grupos organizados que asolan el sur de ambos países, y es la razón por la cual se incrementan y aceleran los conflictos. En los últimos días, en la zona de Villa Mascardi se produjeron serios ataques, que no dejaron margen de maniobra al gobierno argentino que debió hacer como que actuaba, desalojando un predio usurpado y un corte violento de ruta. Pero curiosamente sólo se detiene a mujeres y niños, entre ellos, una mujer con un embarazo de 40 semanas y dos con bebés de 3 y 4 meses. Ni uno solo de los terroristas violentos logra ser detenido. Casualidades locas.
El terror en Villa Mascardi, a 35 km de Bariloche, se agudizó en 2017 con la usurpación de amplias zonas de Parques Nacionales. La agrupación Lafken Winkul Mapu continuó avanzando sobre propiedades públicas y privadas de todo el paraje turístico. Siempre violentos y encapuchados vandalizaron y usurparon las instalaciones del ex hotel IOS, previsto para la Escuela de Guardaparques y estancias privadas. Luego siguieron con el lote perteneciente al Obispado de San Isidro y dos lotes pertenecientes a la Unión Personal Superior de Gas del Estado. Recientemente, luego de incendiar un puesto de Gendarmería Nacional cercano a la propiedad Los Radales (que a su vez había sido incendiada el 1 de agosto) colocaron una barricada en el acceso, continuando con su plan de expansión territorial. A continuación usurparon La Cristalina, una cabaña que pertenece al presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi.
Esta semana la Justicia ordenó un desalojo que terminó con mujeres detenidas y varios menores de edad que habían sido utilizados para tomas y cortes en un accionar muy común del terrorismo internacional. El gobierno kirchnerista fue con guantes de seda a cumplir la orden y se encargó de decir que los delincuentes “no habían sufrido ni un rasguño”. Y luego se retiró.
Concusión, al día siguiente amaneció incendiada y vandalizada la Capilla Nuestra Señora de la Asunción. Según el Padre Julio, párroco de la capilla, “quisieron quemarla, y en el centro también tenemos una iglesia evangélica atacada”. En Esquel, Chubut, un grupo de mapuches bloqueó el avance de la Trochita, un tren de carga de la Patagonia al grito de “la lucha sigue y sigue el pueblo mapuche vive” y atacaron también el Parque Nacional los Alerces. En Villa Mascardi, un grupo de unos 40 encapuchados bajó de la montaña, a la altura de Ruca Lauquen, e intentó cortar la Ruta 40 a menos de un día de haberse realizado el desalojo de mapuches donde se ubicaba la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu
La Lof Lafken Winkul Mapu recibió el apoyo de otras comunidades mapuches. Un vecino de Bariloche que intentó acercarse a su propiedad usurpada fue atacado con piedras, al lado estaba el puesto de Gendarmería, establecido para custodiar la propiedad, que fue atacado a tiros y luego incendiado por un grupo de al menos 20 personas.
La permanencia de las mujeres y los niños forma parte de una estrategia que ya fue utilizada por la misma comunidad durante el frustrado desalojo de los Parques Nacionales, en 2017. Los varones de la agrupación lograron escapar y luego intentaron recuperar el territorio. En ese contexto, murió Rafael Nahuel en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad cuando huía de la zona vandalizada. Una vez que la comunidad logra retomar el control sobre esos predios, inicia la escalada de usurpaciones que incluye tierras públicas y privadas.
En este contexto, la Justicia acaba de ordenar que se profundice la investigación de las razones por las que las autoridades del Ejército no apelaron la entrega de tierras a grupos mapuches en los alrededores de la ciudad de San Carlos de Bariloche. “Podríamos estar frente a una acción o conjunto de acciones coordinadas y sistemáticas, deliberadamente pergeñadas, en distintos ámbitos de la Administración Pública – quizás en sus estamentos jerárquicamente superiores- que tendrían por designio favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales que podrían tener vinculaciones con estructuras terroristas, internacionales o ligadas a la narco criminalidad”, plantea el fallo. A esto se suma la revelación de que los miembros de las organizaciones etnoterroristas cobran planes sociales que les permiten vivir sin trabajar y a costa de los contribuyentes a los que atacan sistemáticamente.
En este sentido, es vital plantear el paralelo y coordinación con las agrupaciones que controlan grandes zonas del sur chileno. Con un accionar mucho más violento y enraizado, Chile sufre esta tragedia desde hace muchos años, agigantada por el dejar hacer del gobierno socialista. En este sentido, sirve de ejemplo Fernando Fuenteabla presidente de la Fundación de Víctimas de la Violencia de la Macrozona Sur de Chile, un empresario turístico que en 2004 adquirió un hotel en Quidico, una caleta de pescadores de menos de 2.000 habitantes y que fue atacado cuando el terrorismo indigenista se instaló en la zona unos años después. El accionar mafioso y delictivo, al igual que en la Patagonia argentina, apunta a erradicar a los sectores productivos de tierras de gran valor energético, forestal y turístico. En el caso chileno, los asesinatos, ataques con armas de guerra e incendios están a la orden del día. Según Fuentealba, el Gobierno de Colombia, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, comunicó el hallazgo, en la computadora de líderes de las FARC capturados, de correos electrónicos intercambiados por esa agrupación con el Partido Comunista de Chile, que demostraban que elementos mapuches estaban siendo enviados a Colombia para recibir entrenamiento. “Más tarde empezaron a traer estos instructores a la zona porque era una zona de difícil acceso, controlada por ellos, y esto se fue convirtiendo en una verdadera pesadilla, porque empezó a desarrollarse un narcotráfico, robo de animales, robo de madera, robo de vehículos, entonces tienen actualmente un nivel de financiamiento increíble y con una capacidad bélica superior a la que tiene Carabineros, que es la policía”.
También destaca los nexos de los líderes terroristas con el Gobierno de Boric, en referencia a la titular de la cartera de Desarrollo Social, Jeanette Vega, que renunció al conocerse su comunicación con el líder de la mayor organización radical mapuche, Héctor Llaitul, que había sido detenido el día anterior. Fuentealba fue victima de varios intentos de asesinato, uno de los cuales fue una emboscada con armas de guerra en la ruta y apunta que la inacción del actual gobierno se debe a que tiene vínculos con miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), algunos de cuyos líderes integraron la Asamblea Constituyente que redactó el rechazado proyecto de Constitución.
El otro paralelismo entre Chile y Argentina es la situación de las fuerzas de seguridad. Para explicar el caso de Carabineros, Fuentealba explica que no tienen apoyo político y que, por ejemplo, cuando él logró que instalaran un retén de protección para su vecindario, el mismo era atacado sistemáticamente a tiros. Al sur de Argentina y Chile, la violencia indigenista crece impunemente. Fuentealba sostiene que a ambos lados de la cordillera, los grupos están coordinados: “Atentan en un lado y se esconden en el otro. Hubo detenciones que lo confirman”.
El robo de madera, ganado, extorsión y narcotráfico es el mecanismo de financiación del terrorismo indigenista que avanza en el control de cada vez más zonas en Sudamérica. En paralelo a esto, surgen los acuerdos que, los gobiernos que abrevan al Foro de San Pablo, establecen con actuales o ex grupos guerrilleros existentes en la zona desde hace décadas. Conforme siguen ganando terreno político y diplomático, más impunidad tienen para generar corredores a lo largo y ancho del continente. La narrativa de los “pueblos originarios” es posiblemente la más corrosiva y la que más ha dinamitado la posibilidad de combatir este flagelo, ya que cuenta con numerosos tratados y normas que otorgan privilegios e impunidad. El terrorismo indigenista tiene todas las de ganar en este contexto político, institucional y económico.
