La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) ha solicitado este jueves una «intervención militar» por parte de Estados Unidos que ayude a «liberar» al país centroamericano «de la dictadura Ortega-Murillo» —en alusión a los codirigentes del país Daniel Ortega y Rosario Murillo— y permita crear las condiciones propicias para el retorno de la democracia.
Los disidentes han afirmado que «frente a la magnitud de la crisis y el cierre de las vías democráticas internas, Estados Unidos constituye el principal referente de apoyo directo a la defensa de la libertad y la democracia en el hemisferio, por lo que hacemos un llamado a su Gobierno para que valore y atienda la solicitud de una intervención militar destinada a contribuir al fin de la dictadura».
Con tal pedido, han desarrollado, persiguen el «cese de la represión»; el «desarme y disolución» de las «estructuras utilizadas» ello, inclusive «la Policía Nacional, el Ejército y los grupos paramilitares»; la liberación «inmediata e incondicional» de los presos políticos, o la creación de las condiciones necesarias para una «transición democrática».
Los exiliados aseguran que la realidad de Nicaragua se caracteriza por «la persecución política, el incremento de presos políticos y desapariciones forzadas, el cierre de los espacios cívicos, la restricción de las libertades fundamentales, el desplazamiento forzado, la represión transnacional y la ausencia de condiciones democráticas para el ejercicio de los derechos ciudadanos». Consideran «indispensable» la «salida de la dictadura Ortega-Murillo» para lograr la «reconstrucción democrática».
Cabe recordar que fue a finales del pasado mes de julio cuando el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmó que «no volverá a haber elecciones» en el país al frente del cual está desde el año 2007, a la par que aludió a «leyes» para solidificar su intención de impedir cualquier comicio.
Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), llevan casi tres décadas en el poder en Nicaragua. La primera década transcurrió entre el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en julio de 1979 hasta su derrota en las urnas en febrero de 1990.
Cuando el régimen marxista leninista liderado por Ortega tuvo que entregar el poder a Violeta Barrios de Chamorro, prometió “gobernar desde abajo”, promesa que cumplió manteniendo importantes cuotas de poder en las Fuerzas Armadas, donde su hermano Humberto Ortega se mantuvo como general del Ejército hasta 1995, en la Policía Nacional que hasta ese momento se denominaba abiertamente sandinista y en el Poder Judicial, donde se mantuvo la mayoría de los jueces de los “tribunales populares” instaurados durante la década de los ochenta, como ha explicado Foro Madrid.
Ortega y un depurado FSLN, más “danielista” que sandinista, regresaron al poder en 2007 con tan solo el 38 por ciento de los votos tras un proceso electoral poco democrático en el que las dos facciones liberales derrotadas (que en conjunto sumaban el 55,14 por ciento de los votos) aceptaron los resultados sin impugnaciones legales, pero con críticas mutuas por la falta del cómputo del 8 por ciento de los votos.
Foro Madrid considera que «la dictadura Ortega-Murillo, instaurada a lo largo de estos años y escenificada crudamente en la represión sangrienta desde 2018, no tendrá ningún reparo en llevar a cabo un fraude electoral en el que los resultados se saben de antemano, si hubiera nuevas elecciones. El aislamiento internacional poco o nada le preocupa, con excepción del flujo de divisas. Claramente es un atentado contra la democracia liberal y un desafío a la comunidad democrática internacional, pero su ideal a seguir es el cubano, el norcoreano o el chino».
