La Fiscalía colombiana imputó este lunes a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por liderar una organización criminal que habría destinado más de 612.000 millones de pesos (unos 140 millones de dólares) para comprar congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno del presidente Gustavo Petro durante los años 2023 y 2024.
Ambos exfuncionarios enfrentan cargos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, aunque han rechazado los delitos imputados. La fiscal María Cristina Patiño aseguró que Bonilla y Velasco lideraron, promovieron y coordinaron reuniones para impulsar gestiones ilícitas en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), asignando recursos estatales para favorecer a congresistas a cambio de respaldo político.
El esquema investigado habría operado, según la agencia EFE, con «vocación de permanencia» y buscaba asegurar mayorías en el Congreso para aprobar proyectos clave del Ejecutivo mediante la entrega de contratos financiados con fondos públicos.
El caso se origina en confesiones y pruebas aportadas por exaltos funcionarios de la UNGRD y ha escalado hasta involucrar a legisladores y altos cargos del Gobierno, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de corrupción que salpican al mandato de Petro
