El recién nombrado presidente de Chile, José Antonio Kast, ha puesto en marcha un ambicioso plan de control fronterizo que incluye la construcción de zanjas y la instalación de sistemas de vigilancia avanzada en la frontera norte del país, con el objetivo de frenar la inmigración ilegal y combatir el crimen organizado.

La iniciativa, denominada Plan Escudo Fronterizo, contempla un despliegue coordinado de medios humanos, tecnológicos y físicos. Entre las medidas previstas se encuentran zanjas de varios metros de profundidad en zonas de alto tránsito, así como la instalación de vallas de gran altura equipadas con sensores, torres de vigilancia, radares térmicos y drones con capacidad de operación continua.

Según explicó el propio mandatario durante una visita a la región de Arica y Parinacota, el proyecto no se limita a una obra concreta, sino que forma parte de un sistema integral de protección que combina infraestructuras, tecnología y presencia permanente de fuerzas de seguridad.

En este sentido, el Gobierno chileno ha reforzado la presencia de efectivos en la zona, con patrullas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, además de incrementar el personal destinado a las labores de construcción y vigilancia.

Uno de los elementos más destacados del plan es la excavación de zanjas en sectores considerados estratégicos. Las autoridades han señalado que, en una primera fase, se prevé alcanzar una extensión de varias decenas de kilómetros en un plazo aproximado de tres meses, ampliando progresivamente el alcance del proyecto.

El ministro del Interior y Seguridad Pública ha indicado que estas actuaciones forman parte de una estrategia más amplia que busca mejorar el control del territorio y reforzar la seguridad en las zonas fronterizas, especialmente en los pasos no habilitados.

Durante la presentación del plan, Kast subrayó que el aumento de la inmigración ilegal en los últimos años ha generado presión en distintos servicios públicos, como el sistema sanitario, la educación y el acceso a la vivienda, aspectos que el Ejecutivo pretende abordar con estas medidas.

De acuerdo con datos oficiales, la población inmigrante en Chile ha crecido de forma significativa desde 2017 y supera actualmente el 8% del total. Asimismo, se estima que más de 300.000 personas se encuentran en situación irregular, concentrándose principalmente en el norte del país.

No obstante, las cifras también reflejan una reducción reciente de los ingresos irregulares, que descendieron en torno a un 50% el último año respecto al pico registrado en 2021.

El Ejecutivo considera que este nuevo plan permitirá consolidar esa tendencia a la baja y mejorar el control de las fronteras, al tiempo que refuerza la cooperación con países vecinos para abordar de manera conjunta los desafíos migratorios.