La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alzó la voz el miércoles frente a la última escalada protagonizada por el régimen de Daniel Ortega contra la oposición del país centroamericano, expresando una especial preocupación por los ataques de la tiranía a los representantes de la Iglesia Católica.
Así, la CIDH ha puesto en relieve la arremetida desplegada entre el 1 y el 10 de agosto contra edificios adscritos a la Iglesia Católica por parte de organismos de seguridad del Estado nicaragüense -especialmente de la Policía Nacional-, una información confirmada a través del llamado Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
El saldo de estos operativos a principios de agosto es de al menos 14 personas vinculadas a la Iglesia detenidas, de los cuales 12 son sacerdotes y otras dos son colaboradores activos de la misma. Como dato adicional, la CIDH ha revelado que la represión orteguista se ha circunscrito especialmente a la ciudad de Matagalpa, cuya diócesis era dirigida por el obispo Rolando Vásquez, antiguo preso político del régimen de Ortega que fue desterrado a Roma en enero del año pasado, tras pasar más de 500 días detenido.
El destierro de Vásquez se suma al de cerca de 200 religiosos que han sido objeto de la misma medida por parte de la dictadura sandinista desde el 2023, según datos manejados por el organismo.
En esta ocasión la CIDH ha informado que la embestida de las autoridades contra la Iglesia produjo recientemente el destierro de siete sacerdotes, que fueron enviados a el Vaticano tras pasar varios días detenidos en Managua.
También contra los evangélicos
Estos datos han sido sistematizados en el informe «Libertad de Religión y Creencia», que también han enfatizado que durante lo que va de 2024 Ortega ha dado luz verde a una oleada represiva en contra de la Iglesia Evangélica en la nación hispanoamericana.
Las cifras de la CIDH apuntan que solamente durante el año en curso el régimen sandinista ha cancelado la personería jurídica de cerca de 60 entes vinculados a la Iglesia Evangélica; una situación que ha obligado al organismo a intervenir activamente incluso para procurar el otorgamiento de medidas cautelares a favor de personas vinculadas a este sector religioso.
El ámbito eclesiástico se ha convertido en un activo crítico de las políticas represivas de Ortega, acentuadas especialmente después de la crisis política de abril de 2018 en la que cientos de opositores manifestaron masivamente en varias partes de Nicaragua exigiendo la salida del poder del dictador socialista.
