La Contraloría General de Perú ha hallado indicios de graves irregularidades cometidas por al menos una decena de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante los últimos comicios generales, celebrados el 12 de abril.
Según el informe del organismo de control, estas actuaciones habrían impedido que más de 55.000 electores de Lima Metropolitana pudieran votar con normalidad, después de que no se instalaran a tiempo decenas de mesas por retrasos en el traslado del material electoral.
Entre los señalados figura Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, quien a comienzos de mayo fue sometido a medidas cautelares que le impiden salir del país durante al menos un año y medio.
La Contraloría acusa a los funcionarios investigados de alterar las reglas de un concurso público para favorecer a una empresa de transportes y de aprobar pagos adicionales sin justificación técnica ni legal. El contrato estaba destinado al traslado de materiales electorales y tenía un valor aproximado de 6,3 millones de soles, cerca de 1,5 millones de euros.
Según el informe, los evaluadores de la ONPE Lilia Flores Bancho y William García Velásquez habrían modificado requisitos técnicos para favorecer a un postor específico, al cambiar la dimensión exigida a los camiones después de detectar que Hermes Transportes Blindados SA presentaba una mejor oferta.
La Contraloría también señala que se remitió información inexacta sobre la capacidad de carga de los vehículos para otorgar una puntuación que no correspondía.
«Se corrobora que el criterio aplicado de disminuir dos metros el largo de las unidades vehiculares no estuvo previsto en ninguna parte de los términos de referencia u otro documento», recoge el informe. Para el organismo, ello evidencia acciones al margen de las reglas definitivas e inalterables de las bases de selección y de los lineamientos de contratación.
Gracias a esa modificación, se habría descartado la opción más conveniente y se entregó el contrato a Galaga SAC, cuya propuesta era más cara que la de la empresa que, según la Contraloría, debió ganar legítimamente el concurso.
El informe añade además que Galaga SAC no contaba con suficientes camiones propios para prestar el servicio. Según la investigación, ejecutó el contrato con un 92% de vehículos alquilados a terceros y sólo un 8% de unidades propias.
La falta de planificación también afectó a la logística electoral. Los equipos informáticos destinados a las capacitaciones fueron entregados tarde, alterando el cronograma previsto para la jornada de votación.
Un día antes de los comicios, los responsables reprogramaron las rutas de entrega para 553 locales e informaron de que los camiones tardarían entre tres y cuatro horas en llegar, cuando en realidad necesitaban al menos ocho horas de viaje.
Esa descoordinación provocó que el material electoral llegara tarde a 3.605 mesas y que 187 mesas de votación en Lima Metropolitana no pudieran instalarse. En total, 55.261 electores se vieron afectados en su derecho al voto.
La gestión de Corvetto quedó bajo cuestionamiento después de que miles de ciudadanos denunciaran no haber podido sufragar el domingo 12 de abril, lo que obligó a las autoridades a prorrogar la votación hasta el lunes 13.
