Las autoridades de Cuba cometieron en 2023 al menos 3.830 «acciones represivas», según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que ha hecho balance de un año que considera «nefasto» para el respeto de derechos y libertades en la isla, entre otras cosas por la aplicación de un nuevo Código Penal.
La organización estima que cerca de 1.000 presos políticos permanecen recluidos en cárceles cubanas, si bien advierte de otras tácticas como la retención en viviendas, que suma 952 casos en 2023 y sirve para desactivar los movimientos de activistas. Además, hace hincapié en el «vaciamiento de la oposición y de la sociedad civil», consistente en obligar a los disidentes a dejar Cuba para evitar entrar en prisión.
El OCDH, que tiene constancia de «al menos 438 acciones represivas» en el mes de diciembre, ha acusado en un comunicado a la tiranía de Miguel Díaz-Canel de no variar el «desolador panorama de exilio, cárcel, acoso e intimidación contra opositores, activistas y periodistas», pese a las críticas internacionales.
La organización no espera tampoco que «el régimen siquiera cubra las necesidades más imperiosas de sus ciudadanos», al margen de consideraciones políticas.
