Amnistía Internacional ha alertado sobre un recrudecimiento de la represión de la dictadura en Cuba, donde las detenciones arbitrarias, la vigilancia ilegal y el hostigamiento a los familiares de los presos políticos no hacen sino aumentar, en un contexto en el que también se ha agravado el estado de salud de varios presos políticos.
«La vigilancia constante de viviendas, las detenciones arbitrarias de corta duración y las restricciones injustificadas para salir del hogar forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano está usando para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia», ha ilustrado Johanna Cilano, investigadora para el Caribe de la ONG, que ha manifestado su «profunda preocupación» ante esta nueva oleada de acciones represivas en el país.
De acuerdo con la organización, estas acciones —que han afectado también a activistas y opositores— tienen como objetivo «intimidar, aislar y silenciar a quienes exigen respeto a los derechos humanos, atención médica adecuada o la liberación de sus seres queridos».
Desde AI consideran «especialmente grave» que estas medidas vayan dirigidas a menudo contra personas, madres, padres y otros familiares de los opositores.
En paralelo, la ONG ha reiterado su alarma por la delicada situación de salud de varios presos políticos, algunos de ellos con enfermedades crónicas graves que se han agravado aún más durante su estancia en prisión. Testimonios como los de Loreto Hernández García y Roberto Pérez Fonseca, ambos prisioneros con enfermedades crónicas,coinciden en el relato de cómo, a pesar de que personal médico del propio sistema penitenciario es consciente de la gravedad de sus diagnósticos, las autoridades penitenciarias «mantienen demoras» en la aplicación de los beneficios penales.
La dictadura «es responsable de que todas las personas presas tengan acceso sin discriminación a atención sanitaria adecuada y bajo los mismos estándares que estén disponibles en la comunidad», ha recordado Cilano, recalcando que «negar o retrasar la atención médica adecuada a personas bajo custodia puede constituir una violación de la prohibición absoluta de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes».
En la misma línea, ha advertido de que bloquear de manera arbitraria los procedimientos de excarcelación por motivos de salud ha puesto en riesgo la vida y la integridad de personas con enfermedades graves.
