Un reciente informe elaborado por distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos nicaragüenses en el exilio llama la atención sobre cómo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha empleado las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas como prácticas recurrentes para sofocar a la oposición dentro del país centroamericano.
En concreto, el informe «¿Dónde más busco?, vidas suspendidas: desapariciones forzadas y la resistencia en Nicaragua», presentado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, da cuenta de un patrón represivo que ha dejado más de 2.000 detenciones arbitrarias desde 2018, año en que la disidencia nicaragüense escenificó en las calles masivas protestas que casi logran derrocar la dictadura sandinista.
«La desaparición forzada es una de las expresiones más crueles de la represión política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también es la muestra de la valentía y resistencia de las familias de los desaparecidos que no se rinden a pesar de la persecución», señaló al respecto Claudia Pineda, directora de la organización nicaragüense Unidad de Defensa Jurídica, en declaraciones recogidas por el medio Divergentes.
El informe ha llamado la atención sobre el caso del disidente Mauricio Alonso Petri, quien fue detenido arbitrariamente el 17 de julio pasado, y permaneció desaparecido desde entonces. Un mes después, agentes de la dictadura sandinista contactaron a sus familiares para notificarles que había fallecido y que entregarían su cuerpo.
El estudio detalla que las personas que son sometidas a estos actos represivos son objeto de colgamientos, ahogamientos simulados, golpizas, estrangulamiento, posturas forzadas, privación del sueño, exposición a temperaturas extremas, acceso limitado a atención médica y restricciones severas de agua y alimentos, entre otros actos de tortura que incluso involucran abusos sexuales.
