La Fiscalía de Bolivia ha ordenado este miércoles la detención del expresidente del país Evo Morales por la presunta comisión de seis delitos, incluidos terrorismo y alzamiento armado, en el marco de los bloqueos establecidos por todo el país durante más de 50 días y que buscaron deponer el Gobierno de Rodrigo Paz.

Así lo recoge un escrito del fiscal anticorrupción Brayan Melgar, tras la denuncia presentada a principios de julio por la organización civil conservadora Comité Cívico Pro Santa Cruz, del homónimo departamento boliviano, a la que se ha sumado el Ministerio de Gobierno.

En particular, los delitos por los que se investiga al exmandatario son «alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos».

La demanda del Comité Cívico Pro Santa Cruz incluye al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva, de acuerdo al diario boliviano ‘El Deber’.