La Fiscalía de Perú ha presentado este viernes una solicitud de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público en relación a los hechos de 7 de diciembre de 2022, cuando presionado por el Congreso anunció su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.
De la misma forma, la Fiscalía también ha pedido por el delito de rebelión 25 años de cárcel para la ex primera ministra Betssy Chávez; los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez y Willy Huerta, respectivamente; y para los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.
Por su parte, ha reclamado también por el delito de rebelión 15 años de cárcel para el ex primer ministro y exministro de Justicia Aníbal Torres.
Pocas horas después de anunciar su intención de disolver el Congreso y nombrar un gobierno de emergencia, la Fiscalía peruana llevó a cabo su detención. Desde entonces permanece entre rejas en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. La conocida como cárcel de los expresidentes es residencia también de Alejandro Castillo y hasta hace poco de Alberto Fujimori.
