La Fiscalía de Perú ha registrado este miércoles la sede del Ministerio de Trabajo en el marco del caso de presunta corrupción del primer ministro, Alberto Otárola, a quien se le acusa de facilitar la contratación de su excuñada en el propio Ministerio.
A su llegada al edificio del Ministerio de Trabajo, el fiscal Alain Flores y su equipo han sido recibidos por el asesor Marcos Augusto Manco para que pudieran dar comienzo las diligencias, según recoge la emisora peruana RPP.
El Ministerio Público andino abrió el martes una investigación contra Otárola y el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, como presunto instigador y autor, respectivamente, de un delito de colusión gravada.
La Fiscalía sospecha que Otárola y Adrianzén contrataron a la excuñada del primer ministro como asesora de Trabajo con un sueldo de mensual de 15.500 soles -3.600 euros-, según reveló el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’.
El primer ministro de Perú designó a Adrianzén como su secretario general, hasta que le nombró encargado del Ministerio de Trabajo tras la dimisión del exministro Eduardo García, que presentó su renuncia en protesta por las muertes registradas durante las movilizaciones sociales a nivel nacional contra el gobierno de Dina Boluarte.
Tras la apertura de la investigación, Otárola negó haber intervenido en ninguna designación dentro de la cartera de Trabajo y rechazó haber tenido comunicación reciente con la que fuera su cuñada. Por su parte, Adriánzen aseguró que la contratación de Rodríguez «ya fue explicada», si bien se mostró dispuesto a colaborar con la Fiscalía.
