Tras unas semanas de tregua por Navidad -por razones más comerciales que de respeto a la festividad cristiana- y Año Nuevo, los radicales detrás de las principales manifestaciones contra la presidente Dina Boluarte reiniciaron el miércoles los paros y huelgas que apuntan a desestabilizar su gobierno.
Son el total diez las regiones que se levantan en contra de la actual mandataria, entre ellas Cusco, Arequipa, Puno, Ayacucho, Madre de Dios, Moquegua y la cuna de Boluarte, Apurímac, todas ubicadas en la denominada “Macro región sur”, zona donde se ubican los principales yacimientos mineros y plantas energéticas, y donde pululan, además de la pobreza y desencanto, organizaciones al margen de la ley dedicadas a la tala y minería; además del crimen organizado en torno al narcotráfico (Vraem) y el contrabando.
Tildada como “traidora” por la izquierda castrochavista y filosubversiva, la presidente peruana carga sobre sus espaldas la muerte de casi treinta manifestantes durante las violentas protestas ocurridas en diciembre de 2022, que estallaron con la sucesión constitucional de Boluarte al golpista Pedro Castillo, destituido por disolver inconstitucionalmente el Congreso y detenido cuando huía a la Embajada de México en Lima, donde pretendía asilarse.
Boluarte, apoyada por las principales instituciones del Estado peruano -destacando el músculo de la Fuerzas Armadas y Policía, que rechazaron el golpe de Castillo- y amparada por la gran prensa -a diferencia de lo que ocurrió con Manuel Merino en 2020-, rápidamente compuso un Gabinete de técnicos, si bien recurrió más tarde a cuadros más políticos cuando los tímidos tecnócratas empezaron a renunciar o fallarle.
Sin embargo, a punto de cumplirse un mes de haber asumido el cargo, su actitud ambivalente empieza a restarle los apoyos necesarios para que se mantenga en Palacio de Gobierno.
Este martes, en una entrevista con “La República”, Boluarte expresó sus discrepancias con Juan Carlos Liendo O’Connor, director de Inteligencia Nacional (DINI), quien un día antes de asumir la jefatura de la DINI había afirmó en un medio de comunicación que “en cada lugar donde se ataca a la Policía y a las fuerzas del orden [Fuerzas Armadas] hay un objetivo político y eso se llama insurgencia terrorista”.
Boluarte dijo que no compartía la posición del coronel Liendo y adelantó que el gobierno realizaría ajustes en la DINI.
Como respuesta a este desplante, Liendo presentó su renuncia irrevocable al cargo, a poco más de dos semanas de haber sido nombrado. En su carta de renuncia, dirigida a la jefa de Estado, Liendo indicó que su alejamiento se daba “en razón de serias complicaciones para cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a ley”.
El presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto, señaló en declaraciones a El Comercio que le da “muy mala espina” la salida de Liendo justo cuando las protestas contra el gobierno y el Congreso se van a reactivar en el sur del país.
“Estamos en una situación de crisis. Espero que esto no afecte el curso de las acciones a tomar en contra de quienes azuzan [hecho de violencia] en las protestas”, dijo el integrante de la bancada derechista Renovación Popular.
Boluarte: ¿otra Kerenski?
Aunque la izquierda radical la etiquete como derechista, incluso fascista -típico mote de los que carecen de materia gris-, Boluarte es una mujer de izquierda y, aunque los más ingenuos intenten edulcorar su participación en el (des)gobierno de Castillo, personaje principal -como vicepresidente- del drama que significó la llegada al poder en 2021 de Perú Libre, un partido marxista leninista cuyo fundador es un sentenciado por corrupción y actualmente investigado por la Fiscalía como líder de una organización criminal.
“Todos nos tenemos que abrazarnos para construir una patria unida en un solo corazón. No estoy haciendo nada, al contrario, no entiendo por qué los compañeros de izquierda, algunos, no todos, se han levantado en contra de Dina Boluarte. Sigo diciendo y sosteniendo porque eso es lo que soy, soy una mujer de izquierda, pero no soy de esa izquierda radical que quiere destrozar la patria, soy de esa izquierda progresista que ama la patria, soy una mujer provinciana demócrata, soy como ustedes del Perú profundo ¿Por qué se enojan conmigo compañeros de izquierda?”, dijo Boluarte el pasado 30 de diciembre en una reunión en Cusco.
Para César Félix Sánchez, analista político y filósofo por la Pontificia Universidad Urbaniana (Roma), el Gobierno debe mantener vigente el estado de excepción en el sur peruano para garantizar el orden y la paz frente a la amenaza de bloqueo de carreteras.
“¿Qué debe hacerse, entonces? Pues mantener la presencia militar en los recursos estratégicos y asegurar la libertad de tránsito. Porque no estamos ante simples manifestaciones burguesas a la ‘chilena’. La violencia castillista en Arequipa cobró muertos que nadie cuenta y a los que nadie llora en Lima, como la fiscal Marizel Chamana y su hijo de 4 años. El ataque al aeropuerto de Arequipa del 12 de diciembre, por su parte, fue un acto militar totalmente planificado. Más allá de que existan miríadas de tontos útiles, espontáneos, castillistas de buena fe y otros que protestaron y protestarán pacíficamente, lo cierto es que tanto los dirigentes de la huelga indefinida como los actos de mayor impacto de esta son clarísimamente parte de un proceso de subversión”, advierte.
De acuerdo con Sánchez, quien es arequipeño y sigue de cerca tanto las manifestaciones como el trasfondo político e ideológico de quienes buscan sacar provecho del descontento popular, es muy probable que, debido a la crisis económica que trajo el covid-19 y todavía persiste, pronto en las ciudades surperuanas las huelgas se “desinflen” debido a que la población estará más interesada en retomar sus actividades cotidianas que “en pedir imposibles”, como es el cierre inconstitucional del Congreso y la liberación del golpista Castillo.
“Eso significará en algunos lugares el desinflamiento de la conmoción subversiva, pero en otros quizás un intento de hacer acciones espectaculares y radicales que tengan efectos mediáticos en la opinión pública. Urge, por tanto, no solo continuar con el estado de emergencia y la presencia militar, sino también implementar un conjunto de medidas jurídicas y penales que se apliquen expeditivamente contra los que cometen estos delitos y contra los que incitan a cometerlos. Considerando la calidad moral de los dirigentes, no creo que se requieran esfuerzos extraordinarios por parte del Ministerio Público”, señala Sánchez.
