El Tribunal Constitucional de Perú ha dispuesto este martes remitir al juzgado donde se originó el ‘habeas corpus’ la decisión de restablecer el indulto del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), que se encuentra condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, pero cuyo equipo legal está apelando a su precario estado de salud.
Los magistrados han resuelto declarar improcedentes las solicitudes de aclaración realizadas por el procurador del Poder Judicial y el equipo legal de Fujimori sobre una sentencia emitida en marzo de 2022, cuando el Constitucional declaró fundado un ‘habeas corpus’, restituyendo el indulto concedido en 2017 y que fue revocado por el Supremo.
Antes de que la liberación se hiciera efectiva, las víctimas recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió un fallo en el que ordenaban no ejecutar lo decidido por el Constitución, razón por la cual Fujimori continúa internado a día de hoy.
El Constitucional, además, ha remitido su fallo al juez de ejecución de Ica, donde se originó el ‘habeas corpus’, «a fin de que proceda conforme a sus atribuciones». Esta resolución ha creado conflicto, ya que los magistrados no recuerdan lo manifestado por la Corte IDH, órgano de justicia supranacional, que declara inejecutable el permiso.
El ministro de Justicia andino, Eduardo Arana, ha señalado a la emisora Exitosa que es una decisión que «no ha sido objeto de evaluación» por parte de su despacho o «los órganos competentes» y ha indicado que desconoce en qué momento «se puede ejecutar». Sin embargo, ha recordado que la orden de la Corte IDH «es un mandato convencional, por lo que este indulto no podría ser ejecutado». «Debemos evaluarlo en su momento conforme a la ley, no podemos pronunciarnos aún», ha declarado.
Por su parte, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, ha aseverado que la resolución brindada por el TC habilita la liberación del expresidente, ya que «le está dando validez a una sentencia ya emitida con respecto a su encarcelación». Así, ha manifestado que su representado debe salir del centro penitenciario en las próximas horas y ha aseverado que se ha tratado de «una batalla justa, correcta y conforme a ley», informa la emisora RPP.
Fuerza Popular, el partido de la hija del expresidente, Keijo Fujimori, ha pedido que «se disponga la libertad» de su «líder histórico», considerando que el Constitucional ha declarado «fundado un habeas corpus» que «restablece» la «vigencia del indulto humanitario».
«Respecto a la arbitraria resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, somos categóricos en señalar que esta no puede reemplazar lo establecido por nuestra Constitución y por el Tribunal Constitucional», reza un comunicado.
Fujimori ha apelado a sus 85 años de edad y a su estado de salud para exigir que pueda seguir cumpliendo la condena en su domicilio. En su ‘habeas corpus’, cuenta que ha empeorado desde que se le anuló el indulto y recuerda cómo en 2021 pasó por un infarto que le hace dependiente de una bomba de oxígeno gran parte del día.
Además de esta condena a 25 años de prisión, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.
El indulto concedido en 2017 por el exmandatario Pablo Kuczynski —en libertad condicional a la espera de juicio por corrupción— fue visto por algunos como un intento de lograr los votos de Fuerza Popular en la moción de censura que se presentó contra él.
