Luego del golpe de Estado del comunista Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022, que motivó su destitución por parte del Congreso peruano, un conjunto de agrupaciones de izquierda radical se alzó contra el nuevo gobierno, calificándolo de «usurpador» por haber sucedido a Castillo conforme a la ley, luego que este intentara cerrar ilegalmente el Parlamento y ordenara intervenir el Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional.
Castillo, quien en los últimos meses de su (des)gobierno incentivó con arengas la polarización política y el odio racial entre peruanos para mantenerse en el poder, calculó mal su jugada golpista y terminó detenido cuando intentaba asilarse en la Embajada de México.
Hoy cumple prisión preventiva mientras se le investiga por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, pese a la oposición esquizofrénica de sus simpatizantes, que aseguran que no hubo ningún golpe, aunque millones de peruanos lo escucharan en mensaje a la Nación disolviendo el Legislativo inconstitucionalmente.
Los meses de diciembre, enero y febrero fueron de los más convulsos en la historia reciente del Perú, pues los grupos que respaldaron a Castillo en su campaña electoral y 17 meses de gestión paupérrima y corrupta, bloquearon carreteras, incendiaron comisarías, saquearon comercios e intentaron tomar los aeropuertos civiles, resultando en un enfrentamiento con la Policía y el Ejército que produjo varios muertos y heridos.
Empoderados por las acciones subversivas en el sur andino, las hordas comunistas, indigenistas y vinculadas a las economías informales e ilegales se lanzaron sobre Lima, llamando a «tomarla», como si acaso de una ofensiva bélica se tratara, y provocando serios altercados con las fuerzas del orden y ciudadanos que les hicieron frente.
Desgastados por el tiempo prolongado y sin éxito de su estadía en la capital, pues la pretendida «toma de Lima» jamás ocurrió, regresaron a sus pueblos y terminaron por levantar las medidas de fuerza, tanto por las capturas a sus líderes como por la falta de liquidez. Sin embargo, la amenaza de una nueva asonada permanece.
Pedro Yaranga, consultor y analista en seguridad integral y gestión de riesgos, aseguró que la denominada «Tercera Toma de Lima», un eslogan que promueven los grupos contrarios al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, no tendrá el mismo impacto que las asonadas previas, de diciembre de 2022 y principios de este año, cuando los aliados del golpista Pedro Castillo desconocieron la sucesión constitucional y se lanzaron furiosos contra el Estado de derecho.
Para Yaranga, a pesar de la desaprobación ciudadana a los poderes del Estado, lo que podría motivar un alzamiento, la prioridad sigue siendo la reactivación económica, pues el Perú fue severamente golpeado por las restricciones durante la pandemia del covid-19, y desde entonces los negocios y emprendimientos no se recuperan al ritmo deseado.
«Hay mucha diferencia respecto a diciembre del año pasado y enero y febrero de este año. Las fuerzas políticas beligerantes que estaban unidas bajo un interés común han variado. Si bien la desaprobación de la presidenta y el Congreso han avanzado, la gente en el interior del país está más preocupada por la reactivación económica. Con tanta desaprobación, uno pensaría que la gente saldría a protestar, pero no. En provincias del interior la gente está preocupada por su economía, por tanto, no va a haber el mismo efecto que las acciones previas», sostuvo en declaraciones a La Gaceta de la Iberosfera.
«En gran parte, quienes encabezan estas protestas son personas que tienen algún tipo de interés por ser candidatos para las próximas elecciones, ya sea nacionales, regionales o locales», agregó.
Por otro lado, Yaranga advirtió que, en caso de darse una movilización violenta contra la capital, los promotores encontrarán a una policía mejor preparada que la última vez, además, les resultará imposible sostener logísticamente un desplazamiento de tal magnitud.
«La policía está organizado institucionalmente. Podemos ver a generales de mucha jerarquía y experiencia en las unidades especializadas, esa es una garantía. Por otro lado, les va a ser imposible a los organizadores de estas movilizaciones cubrir la alimentación de las personas convocadas. Podrían conseguir alojamiento en los clubes departamentales que hay en Lima, pero que esto se alargue cuatro o cinco días, va a ser imposible», aseveró.
