La Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado enviar una misión de alto nivel a Perú, con miras a ayudar en un eventual proceso de «diálogo» en el país andino. La decisión, tomada el jueves en el seno del organismo, responde a la solicitud que previamente había hecho el presidente Pedro Castillo de activar la Carta Democrática para revisar lo que está ocurriendo en la nación sudamericana.
A través de una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, Castillo argumentó que la intervención de la organización en el caso peruano es indispensable debido a un presunto intento de «alteración del orden e institucionalidad democrática».
«(…) La intención de recurrir a dichos dispositivos se debe y el legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones, por parte del Poder Legislativo, Ministerio Público y de otros órganos constitucionales, que en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales y las normas que regulan la separación de poderes propia del Estado de Derecho, han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú», se lee en un pasaje de la misiva remitida por el mantario izquierdista a Almagro.
La votación que dio validez al argumento de Castillo revela que la Organización de Estados Americanos ha virado progresivamente hacia la izquierda y, de ahora en más, serán pocas las resoluciones que no sean dominadas por el grupo de apoyos que indirecta o directamente juega en llave con el chavismo regional.
Esto era más que esperable si se asume que el escenario hispanoamericano está ahora signado por el arribo reciente al poder de socios o amigos del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, como es el caso de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia, Xiomara Castro en Honduras y el propio Castillo en Perú.
Sin ir muy lejos, hace pocos días se produjo una situación en la que el embajador designado por Juan Guaidó ante el organismo (que hasta ahora ha reconocido al líder opositor como presidente encargado de Venezuela, en desmedro de Nicolás Maduro) casi resulta expulsado de la OEA; todo ello debido a un proyecto de resolución afín al chavismo que logró recabar el voto favorable de hasta 19 países miembros.
Así, la votación realizada ante el petitorio de Castillo logró ser aprobada por aclamación, en un contexto en el que hasta países que se supone no están alineados con las izquierdas regionales —como es el caso del Ecuador de Guillermo Lasso— terminaron valorando positivamente la iniciativa.
Las reacciones de la oposición peruana no se han hecho esperar. El presidente del Congreso, José Williams Zapata, ya había advertido que la carta de Castillo «pretende desinformar a los países miembros de la OEA, pues los argumentos que se presentan en ella no se ajustan a la realidad y carecen del contexto necesario para entender el proceder no solo del Congreso de la República, sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación».
Y es que en el fondo resulta insólito que la OEA haya dado luz verde a dicha misión, si se tiene en consideración que actualmente Castillo está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por estar presuntamente incurso en al menos tres delitos: liderar una organización criminal, tráfico de influencias agravado y además ser cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
Por si esto no fuese poco, la propia esposa de Castillo, Lilia Paredes, así como su cuñada, Yenifer Paredes y dos de sus sobrinos, Gian Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo, también son señalados por estar incursos en tramas de corrupción. Al día de hoy incluso Vásquez Castillo se encuentra prófugo de la Justicia.
Frente a todo ello la Fiscalía peruana ha venido actuando con arreglo a las normativas legales que dispone el país, anteponiendo además el deber que se tiene de velar por la transparencia de la gestión pública. Del mismo modo que lo han hecho el Congreso y los medios de comunicación, quienes han mantenido bajo escrutinio a Castillo y a su entorno por sus dudosas ejecutorias.
Esto ha desatado recientemente la ira del primer mandatario izquierdista, quien básicamente ha dicho que todos estos entes están coludidos para asestar un golpe de Estado que busca deponerlo. La tesis de una conspiración palaciega contra una pobre ovejita desvalida en este caso no tiene mucho sentido, a juzgar por los sondeos de opinión pública que al día de hoy califican a Castillo como el presidente hispanoamericano con la menor tasa de respaldo a su gestión, registrando menos del 20% de popularidad.
En suma, es difícil asimilar que mientras la OEA no ha sido capaz de obrar efectivamente en favor de la democratización en países dominados por auténticas tiranías como Cuba, Venezuela o Nicaragua, ahora preste sus siglas y sus buenos oficios para contribuir en el martirologio de un personaje señalado por presuntas prácticas corruptas y un Gobierno de chiste, como ha sido el de Pedro Castillo en Perú.
