El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el caso Nicaragua ha publicado este jueves un informe que retrata la deriva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un contexto de «graves, sistemáticas y generalizadas» violaciones de Derechos Humanos en el país centroamericano.

La publicación llama a la comunidad internacional a tomar cartas en el asunto, y pasar de la fase de «observación a la acción», a efectos de «llevar a la justicia a los responsables» de posibles «crímenes de lesa humanidad» cometidos en la nación hispanoamericana al menos desde 2018, año en que la oposición desafió abiertamente al régimen sandinista con masivas protestas en las calles.

El grupo de la ONU ha detallado que el régimen del binomio Ortega-Murillo ha operado básicamente en cuatro fases durante los últimos años, para terminar un modelo absolutamente represivo y de aniquilamiento de la disidencia.

Entre 2018 y 2020 con represión violenta de protestas con ejecuciones extrajudiciales y detenciones masivas. En 2021 con represión selectiva para eliminar a la oposición electoral, con detenciones arbitrarias y cierre de medios. En 2022 con erradicación de la oposición organizada y la sociedad civil, así como el cierre de miles de ONG. Y, finalmente, del 2023 a la actualidad, con la consolidación del poder absoluto y la extensión de la represión más allá de las fronteras.

El ente ha hecho énfasis en la utilización de la modalidad de las desapariciones forzadas, la privación de la nacionalidad y la represión internacional (en terceros países) como instrumentos clave para el afianzamiento de la dictadura sandinista.

De acuerdo con Jan-Michael Simon, presidente del grupo, en Nicaragua «la represión en el país ha alcanzado un nivel que exige un escrutinio global intensificado», mediante instrumentos coercitivos como el asesinato, el encarcelamiento, la tortura, la violencia sexual, las desapariciones forzadas y las persecuciones.