El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ha anunciado una nueva medida que pone en vilo el respeto a las libertades en el país iberoamericano. El viernes pasado anunció la apertura de un proceso de licitación para la contratación de una empresa que tendrá como función principal monitorear el uso de distintas redes sociales y rastrear a los usuarios que las utilizan.
En concreto la iniciativa, impulsada por el polémico juez Alexandre de Moraes, destinará una partida de 345.000 reales (casi 60.000 euros) para contratar una compañía especializada en el monitoreo de redes, con miras a tener información pormenorizada y frecuente sobre los temas que son debatidos a través de las mismas.
La idea, de acuerdo a la revista brasileña Veja, es analizar redes como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Flickr, TikTok y Linkedin de manera permanente y con especial énfasis en el análisis de las opiniones vertidas allí sobre las actuaciones del STF.
Una de las principales funciones de la eventual compañía que resulte favorecida con la asignación del contrato será la de geolocalizar a los usuarios que emiten opiniones negativas a través de las distintas plataformas, incluso llegando a develar las identidades reales de usuarios que emplean seudónimos en sus cuentas.
La contratación implicaría la rendición de «informes diarios» al STF sobre influencers, temas predominantes y la ubicación desde donde se originan las corrientes de opinión que estén vinculadas con el Supremo brasileño y sus actuaciones, con la clara intención de censurar la libertad de expresión en el país.
El oscuro historial de Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes se ha convertido en el martillo judicial del lulismo durante los últimos años, poniéndose al frente de situaciones en las que se persigue a opositores por el simple hecho de emitir opiniones críticas.
Entre otras cosas, de Moraes ha sido uno de los encargados de conducir las investigaciones sobre al ocupación de los Tres Poderes, la sucesión de desafortunados eventos ocurridos a inicios del año pasado que ha servido al Gobierno de Lula para estigmatizar a todos los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
El polémico juez además ha reiterado en innumerables ocasiones su voluntad de establecer un férreo control en las comunicaciones del país, apelando a la supuesta noble causa de hacer del Brasil un país libre de «fake news».
En mayo una audiencia del Congreso de los Estados Unidos alertó de la peligrosa escalada contra la libertad de expresión que se vive en el país iberoamericano, una maniobra conducida principalmente por el juez de Moraes.
