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EN MEDIO DE SU ARREMETIDA CONTRA LAS OPINIONES DISIDENTES

Una audiencia en el Congreso de Estados Unidos expone la crisis de libertad de expresión en Brasil propiciada por Alexandre de Moraes

El juez brasileño Alexandre de Moraes. Twitter

La libertad de expresión en Brasil fue el centro de atención durante una audiencia realizada en el Congreso de Estados Unidos el 7 de mayo, bajo la coordinación del congresista republicano Chris Smith.

El evento abordó las acciones del ministro de la Corte Suprema Federal (STF), Alexandre de Moraes, ampliamente criticadas por considerarse abusivas y en desacuerdo con los principios democráticos. La audiencia fue enriquecida con los testimonios de figuras prominentes como Chris Pavlovski (director ejecutivo de la plataforma Rumble), el periodista brasileño Paulo Figueiredo, el periodista estadounidense Michael Shellenberger y el académico petista Fábio de Sá e Silva, además de la presencia de la congresista republicana María Elvira Salazar.

Los parlamentarios brasileños Bia Kicis (PL-DF), Filipe Barros (PL-PR) y el senador Eduardo Girão (PL-CE) también participaron en la audiencia, al igual que la jueza Ludmila Lins Grilo y el periodista Allan dos Santos, quienes presentaron testimonios por escrito conforme relató el periódico Brasil Sem Medo.

Acusaciones de autoritarismo

Chris Pavlovski detalló cómo la plataforma de red social Rumble fue afectada por órdenes judiciales para eliminar cuentas y contenido de influenciadores y políticos brasileños, lo que obligó a la empresa a dejar Brasil debido a la interferencia de Moraes. «Esta censura es insidiosa, ya que los gobiernos buscan controlar lo que la gente puede expresar o escuchar. Está ocurriendo ahora», enfatizó Pavlovski.

A su vez, el periodista estadounidense Michael Shellenberger hizo declaraciones contundentes sobre la situación actual en Brasil. «Lo que vemos en Brasil ya no es una democracia liberal», afirmó Shellenberger, señalando directamente a Moraes como un agente que interfiere en las elecciones, obligando a eliminar contenido de políticos y periodistas en las redes sociales, creando un clima de temor que estrangula la libertad de expresión. También reveló que está siendo investigado por la Policía Federal brasileña y la Procuraduría General, acusando a Moraes de tener una «obsesión por silenciar a sus oponentes».

La declaración de María Elvira Salazar

La congresista Salazar ilustró la gravedad de la situación al mostrar una foto de Moraes durante la audiencia, acusándolo de actuar como «un operador totalitario» y criticando las políticas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, llamándolo un «hombre condenado por corrupción». Además, mencionó la acción de Moraes de derribar una publicación que mostraba el apoyo de Lula al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y criticó las fuertes multas impuestas a las plataformas, citando un ejemplo en el que «dio una hora a Twitter para eliminar las publicaciones de los políticos conservadores o serían multados con 30.000 dólares».

Documentos revelados por el Comité Judicial

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE. UU. reveló nuevos documentos que exponen las decisiones judiciales de de Moraes que involucran plataformas como X (antes Twitter), Rumble, YouTube e Instagram. Impuso altas multas diarias para la rápida eliminación de perfiles conservadores como Monark, Nikolas Ferreira, Alan dos Santos y Rodrigo Constantino.

Defensa del Gobierno de Lula y sus partidarios

En contraste, el intelectual petista Fábio de Sá e Silva defendió las acciones de la STF, argumentando que el tribunal actuó para preservar la democracia ante el autoritarismo de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, y que fue esencial para proteger el orden constitucional.

Las posibles consecuencias

La audiencia destacó un potencial punto de inflexión para la libertad de expresión en Brasil. El congresista Chris Smith anunció la intención de proponer una legislación que imponga sanciones severas a los funcionarios del Gobierno y ministros de la STF involucrados en violaciones de los derechos humanos. Aunque la legislación aún no ha sido aprobada, las conclusiones de esta audiencia en el Congreso de EE. UU. refuerzan la necesidad de una respuesta internacional más rigurosa para garantizar que Brasil preserve sus libertades fundamentales.

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