La Abogacía General de la Unión (AGU), liderada por Jorge Messias, ha enviado al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil una solicitud de investigación sobre el caso conocido como «Twitter Files», relacionado con la divulgación de documentos internos de la red social X (anteriormente Twitter). Esta solicitud incluye la posibilidad de imponer sanciones severas, como la suspensión de actividades o incluso la disolución de la empresa en el país, provocando intensos debates sobre los límites de la libertad de expresión.
En el documento enviado al ministro Alexandre de Moraes, quien está a cargo de las indagaciones judiciales relacionadas con el tema, la AGU argumenta que la divulgación de dichos documentos podría constituir una obstrucción de la justicia, ya que podría interferir en las investigaciones de actos ilícitos.
Esta medida ha sido acompañada de críticas por parte de expertos y profesionales del área jurídica, quienes ven en la acción una amenaza potencial a la libertad de prensa y de expresión en el país. André Marsiglia, abogado especialista en libertad de expresión, considera la medida desproporcionada, argumentando que podría afectar a millones de usuarios de la red social en Brasil. «Disolver una plataforma en un país es un acto desproporcionado y, por lo tanto, censurador», afirma Marsiglia, citado por la Gazeta do Povo.
Además, la propuesta de la AGU de penalizar a la empresa con multas que podrían alcanzar hasta el 20% de su facturación anual se basa en la Ley Anticorrupción, que trata sobre actos lesivos a la administración pública. La eventual disolución de X en Brasil también plantearía cuestiones prácticas sobre la operación de la red social en el país, dado que el Marco Civil de Internet exige que las plataformas tengan una representación legal nacional para cumplir con las órdenes judiciales.
Estas solicitudes ocurren en un contexto en el que la AGU también considera la posibilidad de procesar al periodista americano Michael Shellenberger, uno de los principales difusores de los «Twitter Files», por divulgación de información bajo secreto. Este punto ha sido destacado tanto por la revista Crusoé como por el periódico Poder360. Según Crusoé, la acción de la AGU representa una postura inédita y potencialmente problemática, sin un claro respaldo legal, que podría estar sirviendo más a intereses políticos que a la justicia. Poder360 complementa, indicando que la divulgación de los documentos por Shellenberger fue vista por la AGU como perjudicial para la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones del Estado brasileño.
Las reacciones
Las acciones de la AGU han provocado una respuesta variada de otros juristas y miembros del Ministerio Público, muchos de los cuales consideran la medida excesiva y potencialmente perjudicial para la democracia. «La sanción de suspensión o disolución, prevista en la Ley Anticorrupción, generalmente se aplica en casos en los cuales existe una relación contractual entre la administración pública y una empresa que funciona solo como fachada, pero cuya actividad principal son actos criminales, no lo que dispone formalmente su razón social», explican miembros del Ministerio Público consultados de forma reservada por la Gazeta do Povo.
Este caso, por lo tanto, no solo pone a prueba los límites de la legislación brasileña en relación con las libertades fundamentales, sino que también cuestiona la capacidad de las instituciones para equilibrar la seguridad jurídica y la libertad de expresión. A medida que el STF evalúa la solicitud de la AGU, los ojos de la nación —y de observadores internacionales— estarán atentos a las implicaciones de estas decisiones en la estabilidad de las instituciones democráticas de Brasil y en la protección de los derechos civiles.
La red social X es considerada como una de las más populares en el mundo. Sin embargo, X no está presente en todos los países. La plataforma está prohibida en China, Corea del Norte, Irán, Rusia, Nigeria, Myanmar y Turkmenistán. Si esta decisión prevalece, Brasil se uniría a esta infame lista de países autoritarios.
El Perfil del AGU Jorge Messias
Jorge Rodrigo Araújo Messias, más conocido como «Bessias» después de ser mencionado en una chuzada del caso Lava Jato, resonó en medio de discusiones sobre la multinacional brasileña de carnes JBS con el entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, según detalla el periódico Poder360. En ese momento, era visto como un posible facilitador u obstáculo en las negociaciones que involucraban a la Procuraduría General de la Hacienda Nacional (PGFN), donde trabajaba después de dejar el Palacio del Planalto. La mención a Messias no indicaba irregularidades, pero destacaba su influencia en las esferas gubernamentales.
La participación anterior de Messias en el gobierno de Dilma Rousseff, cuando se hizo famoso por el episodio del término de posesión de Lula, ilustra su larga carrera dentro de los corredores del poder en Brasilia, alternando entre posiciones jurídicas y consultivas. Su retorno a la PGFN y el posterior papel en la AGU indican su capacidad para navegar por las complejidades legales y administrativas, esenciales para enfrentar los desafíos actuales al Gobierno impuestos por el caso «Twitter Files».
