La Comisión Europea ha anunciado la suspensión de la comercialización del medicamento «Vaxzevria – Vacuna COVID-19» de AstraZeneca a petición de la propia empresa el pasado 5 de marzo de 2024. De esta forma, dejará de estar autorizada en la Unión Europea a partir de mañana martes 7 de mayo.
Este anuncio coincide con el documento legal presentado ante el Tribunal Superior de Reino Unido admitiendo por primera vez que su vacuna contra el Covid 19 podía provocar efectos secundarios como trombosis en «casos muy raros». Aquella afirmación se produjo en el marco de un proceso judicial del Tribunal Supremo inglés, que tiene abierta una demanda colectiva en la que 51 casos de víctimas y familiares reclaman a AstraZeneca hasta 100 millones de libras por daños y prejuicios por los efectos secundarios de la vacuna.
AstraZeneca rechazó las afirmaciones que recogen las denuncias pero aceptó, sin embargo, que sus dosis «pueden, en casos muy raros, causar trombosis». Precisamente los abogados de los denunciantes argumentan que la vacuna, desarrollada junto con la Universidad de Oxford, «ha tenido un efecto devastador para un pequeño número de familias».
Durante este tiempo, se han administrado en Europa alrededor de 68,8 millones de dosis de la vacuna Vaxzevria a ciudadanos europeos mayores de 18 años. Inicialmente, la vacuna se promocionó como “segura y eficaz”, pero los cada vez más efectos secundarios han comprometido aquel mensaje. Poco después de que comenzaran las llamadas campañas de vacunación en toda Europa, hubo cada vez más informes de reacciones negativas de la vacuna, como la trombosis de los senos venosos, es decir, coágulos de sangre en el cerebro, especialmente en personas más jóvenes.
Cada vez son más quienes piden una comisión de investigación en Europa de todas las empresas farmacéuticas que actuaron durante la pandemia del coronavirus y se enriquecieron garantizando la seguridad de sus vacunas. En España, el grupo ‘Iustitia Europa‘ ha presentado junto a formaciones francesas e italianas una denuncia conjunta para investigar a los responsables por «haber vulnerado el Estatuto de Roma y el Código de Nuremberg».
«Deben aplicarse las normas y los principios fundamentales del derecho internacional, sin inmunidad para todas las Autoridades denunciadas puesto que nos encontramos ante una violación sin precedentes de los Derechos Humanos», destacó en un comunicado Luis María Pardo.
