Elon Musk ha sido una voz activa y crítica respecto a las prácticas de censura por parte del Poder Judicial brasileño. El empresario señaló, inicialmente a través de las redes sociales, su preocupación por lo que percibe como una interferencia directa en los derechos fundamentales a la libertad de expresión, iniciando un debate que ha alcanzado dimensiones internacionales.
El punto de partida de la discusión
La preocupación de Musk se intensificó con la divulgación de los llamados «Twitter Files Brasil» por el periodista Michael Shellenberg, que destacaron supuestas acciones de censura por parte del Supremo Tribunal Federal (STF). El 6 de abril, Musk cuestionó públicamente el motivo de tanta censura en Brasil, desencadenando una serie de eventos que colocaron a sus empresas, especialmente la plataforma Twitter/X, en ruta de colisión directa con el Poder Judicial brasileño. La Gaceta de La Iberosfera realizó un análisis minucioso de estos documentos la semana pasada.
El empresario americano-africano dijo que Moraes debería ser destituido por sus violaciones a la Ley: «Este juez traicionó descaradamente y repetidamente la Constitución y al pueblo de Brasil. Debería dimitir o ser destituido. Qué vergüenza, Alexandre de Moraes. Lástima».
La respuesta del poder judicial
En respuesta a las críticas, el ministro Alexandre de Moraes, del STF, incluyó a Musk en una investigación sobre milicias digitales y amenazó con multas diarias en caso de que Twitter/X restaurase perfiles censurados por órdenes judiciales.
Esta situación escaló a una denuncia más amplia por parte de Musk, el 10 de abril, durante una transmisión en vivo, donde afirmó que Brasil enfrentaba «un abuso del Poder Judicial en un grado extremo». Así, dijo que la censura en Brasil era la peor de los países que operan en X: «La severidad de la censura y el grado en que se violan las propias leyes de Brasil, en detrimento de su propio pueblo, es el peor de cualquier país del mundo en el que opera esta plataforma».
Alegatos jurídicos de X
La disputa entre Elon Musk y el Poder Judicial brasileño se intensificó con argumentos contundentes del equipo jurídico de X, que apuntan a violaciones específicas de la legislación brasileña. Según la plataforma X, por medio del perfil Global Government Affairs, las órdenes judiciales que recibieron van en contra de los preceptos del Marco Civil de Internet y de la Constitución Federal de Brasil.
Específicamente, el equipo jurídico destaca que muchas de las órdenes judiciales no solo restringen la libertad de expresión, sino que también comprometen el derecho de los usuarios a ser informados sobre los motivos de los bloqueos de cuentas o investigaciones. Esta falta de transparencia, argumentan, viola el derecho al debido proceso legal, garantizado tanto por el Marco Civil como por la Constitución.
La situación es agravada por el secreto impuesto sobre estas órdenes judiciales y por la ausencia de respuestas adecuadas a los recursos presentados ante los tribunales superiores. El equipo de X reportó que hay recursos pendientes desde hace más de un año, sin decisiones o justificaciones, lo que hiere gravemente el principio del debido proceso legal y pone en duda la confianza en las instituciones judiciales del país.
Los comentarios del ilustre jurista Augusto Zimmermann sobre esa situación
Augusto Zimmermann, PhD cum laude en Derecho, es un jurista y académico brasileño, especialista en derecho constitucional y reforma legislativa, y autor de varias publicaciones sobre derecho y libertades civiles ha escrito sobre la situación en Brasil. Zimmermann ofrece un análisis detallado y crítico de la postura del STF. Observa que, desde enero de 2022, el tribunal se ha involucrado en prácticas que describe como autoritarias, especialmente en casos que involucran figuras políticas y críticos del sistema.
Zimmermann critica la investigación número 4.781, abierta inicialmente para investigar supuestos «crímenes contra el honor» de los jueces del STF. Argumenta que es inconstitucional que los jueces presidan investigaciones criminales, ya que esto viola el sistema acusatorio penal brasileño, donde el Ministerio Público debe liderar la acusación.
El académico también señala que esta y otras investigaciones relacionadas se han desarrollado sin respetar los plazos legales y los procedimientos adecuados, transformándose en herramientas de persecución política bajo el pretexto de proteger la honorabilidad del tribunal. Denuncia que estas acciones judiciales se basaron en premisas cuestionables y se llevaron a cabo de manera que silencian e intimidan a los opositores, lo que representa una grave amenaza al Estado Democrático de Derecho en Brasil.
Reacción del Senado brasileño en audiencia pública
Finalmente, hubo una audiencia pública de la Comisión de Comunicación y Derecho Digital del Senado Federal el 11 de abril de 2024, donde se discutió ampliamente la censura y el abuso de poder judicial en Brasil, con especial atención a la libertad de expresión en las plataformas digitales.
El senador Rogério Marinho (PL-RN), líder de la oposición, destacó la importancia de una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que busca proteger a los periodistas contra decisiones judiciales que los responsabilizan por las declaraciones de entrevistados. Marinho criticó tales prácticas como un atentado a la libertad de expresión, argumentando que restringen indebidamente el discurso público.
Los periodistas Michael Shellenberger, David Ágape y Eli Vieira, que tuvieron roles centrales en la divulgación de los «Twitter Files Brasil», participaron en los debates, trayendo a colación sus preocupaciones con las tentativas de interferencia del Gobierno en contenidos de redes sociales.
Shellenberger enfatizó que la defensa de la censura como medio de proteger la democracia es paradójica, pues la verdadera libertad de expresión debe incluir la protección de ideas que sean incluso repudiadas por la mayoría. David Ágape criticó proyectos que, bajo la bandera del combate a la desinformación, terminan por maquillar tentativas de censura, mientras Eli Vieira desafió a la administración a proporcionar pruebas claras cuando se levantan acusaciones graves contra instituciones como el STF.
Esta reunión en el Senado reflejó una creciente inquietud respecto a la libertad de prensa y expresión en Brasil, marcando un momento significativo de confrontación entre las autoridades legislativas y judiciales sobre el tema de la censura y los derechos digitales en el país. La discusión evidenció la necesidad de transparencia y respeto por los derechos fundamentales en un ambiente digital cada vez más influyente en la política y la sociedad.
