En una saga que parece extraída directamente de las páginas de una novela distópica, documentos internos de Twitter, ahora renombrado como X, han salido a la luz, revelando una trama digna de George Orwell. Estos documentos exponen intentos del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, junto con parlamentarios y miembros del Ministerio Público, de transgredir los límites establecidos por el Marco Civil de Internet y los derechos constitucionales de los brasileños en un flagrante acto de censura y persecución política.
¿Las víctimas de esta saga? Usuarios de la plataforma que se atrevieron a usar hashtags como «#VotoDemocráticoAuditável», así como figuras influyentes de la derecha brasileña que, de alguna manera, fueron vistas como una amenaza para el establecimiento jurídico/político de la nación.
La profundidad de esta intrusión fue meticulosamente detallada por el periodista estadounidense Michael Shellenberger, en colaboración con los periodistas David Ágape y Eli Vieira, y tuvo repercusión en el periódico Gazeta do Povo. La investigación periodística, basada en correos electrónicos internos de Twitter enviados entre 2020 y las elecciones presidenciales de 2022, revela una obsesión casi distópica del TSE por monitorear y silenciar voces disidentes.
Rafael Batista, entonces consejero jurídico senior de Twitter para América Latina, resistió las demandas de autoridades públicas que «no cumplían con los requisitos legales del Marco Civil». Alrededor de un año después, en 2021, se encontró bajo investigación del Ministerio Público de São Paulo (MP-SP) por un supuesto crimen de desobediencia por no liberar todos los datos que las autoridades exigían, y posteriormente tuvo que revelar todos los datos privados por decisión del TSE.
Esta operación no se limitó a acciones aisladas. Periodistas, influencers digitales y políticos de derecha, incluyendo nombres como Carla Zambelli, Marcel Van Hattem, André Valadão y Allan dos Santos, se encontraron en el ojo del huracán de esta tormenta política. Bárbara, conocida como «Te Atualizei», también fue blanco, resaltando el fuerte componente político de esta persecución. Fueron investigados bajo acusaciones variadas, desde «esparcir desinformación respecto al sistema electoral» hasta acciones que desafiaban directamente al establishment, mostrando la disposición del TSE para silenciar cualquier voz disidente.
Además, la imposición de multas millonarias se convirtió en un arma financiera contra aquellos que osaron desafiar la narrativa oficial. En particular, el pastor evangélico André Valadão fue amenazado con una multa diaria significativa si no cumplía con la orden de censura. Del mismo modo, acciones contra Carla Zambelli y Marcel Van Hattem incluyeron la amenaza de multas exorbitantes, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de estos individuos y enviando un mensaje claro de que la disidencia tendría un precio prohibitivo.
Las autoridades buscaron acceder a datos no previstos por el Marco Civil, como registros de inicio de sesión y mensajes privados, en una clara intrusión en la privacidad de los usuarios. Esta escalada de demandas por datos personales sin órdenes judiciales previas revela un desprecio alarmante por las garantías legales de privacidad y libertad de expresión, pilares de cualquier democracia saludable.
El periodista Paulo Briguet logró explicar el «Complejo Industrial de la Censura», involucrando instituciones como el Supremo Tribunal, el TSE y plataformas como Twitter. Estas entidades han reprimido la libertad de expresión, especialmente en contextos políticos, y promueven una legislación de censura bajo la bandera de lucha contra las «Fake News».
Esta legislación impone reglas vagas y punitivas a las redes sociales, obligándolas a censurar contenido sin criterios claros y a remunerar a los medios de comunicación por la distribución de sus contenidos, de manera similar a las prácticas de otros países como Australia y Canadá. A pesar de la resistencia popular y la paralización del proyecto en el Congreso en 2023, el TSE actuó por su cuenta en febrero de este año, intentando implementar tales medidas, lo que representa una intrusión en las prerrogativas del Congreso y un golpe contra la libertad de expresión.
Predicción de crímenes
En marzo de 2022, el Director Jurídico de Twitter para América Latina, en un testimonio revelador, dijo que se encontró con «el juez», refiriéndose a Alexandre de Moraes. Reportó sorpresa al encontrar allí a la Policía Federal y funcionarios técnicos del tribunal trabajando en la investigación del hashtag. El TSE presionó por datos privados de usuarios bajo la justificación de «circunstancias excepcionales» y deseó usar Twitter como una máquina de predicción de crímenes para «anticipar posibles actividades ilegales». Las instituciones en Brasil parecen estar oscilando entre «1984» de Orwell o la película de ciencia ficción “Minority Report”.
Este intento del TSE de usar Twitter como una herramienta de anticipación de crímenes eleva el episodio a un nuevo nivel de absurdo, subvirtiendo la noción de justicia, presunción de inocencia y libertad. Tales acciones ponen en jaque la legitimidad de las propias instituciones que deberían ser imparciales y justas, mostrando un esfuerzo coordinado no solo para desmonetizar, sino efectivamente silenciar cualquier voz considerada incómoda o disidente.
Las reacciones a estas revelaciones varían desde la incredulidad hasta la indignación. Juristas consultados por el reportaje de Gazeta do Povo, como André Marsiglia, expresaron serias preocupaciones sobre la legalidad y la moralidad de estas acciones, destacando la gravedad de las denuncias y la necesidad de una investigación profunda por la Policía Federal y otras autoridades competentes.
Este episodio trasciende el caso de supervisión gubernamental excesiva; toca el corazón de la democracia brasileña, cuestionando la integridad de sus instituciones y la resiliencia de sus pilares democráticos.
Los intentos de censura y persecución política revelados por los documentos de Twitter/X son un recordatorio sombrío de que la vigilancia constante de la sociedad civil es necesaria para proteger las libertades amenazadas por quienes deberían protegerlas. La sociedad brasileña, ahora más que nunca, está llamada a reflexionar sobre el tipo de futuro que desea: uno donde la libertad de expresión está protegida, o uno donde las voces disidentes son silenciadas bajo el peso del poder.
