En el reciente episodio que involucra la condena de Iraci Nagoshi, una señora de 71 años, por el Supremo Tribunal Federal (STF), encontramos una trama digna de una crónica kafkiana, distópica y autoritaria, repleta de personajes peculiares y una alta dosis de absurdo que desafía la imaginación. Iraci, ex profesora de portugués jubilada y ahora figura central de un drama judicial, fue condenada a 14 años de prisión por crímenes que incluyen la abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado, entre otros. Esta decisión judicial provocó una ola de reacciones, incluyendo comentarios del billonario Elon Musk.
Musk, conocido por sus intervenciones puntuales en debates de gran visibilidad, calificó la situación como «preocupante» en una publicación en X (antes Twitter). La jueza exiliada Ludmila Grilo, por su parte, ve en la historia de Iraci un símbolo de resistencia contra lo que interpreta como «dictadura del poder judicial». Por otro lado, el diputado Marcel Van Hattem, tanto en el pleno de la Cámara como en sus redes sociales, criticó lo que considera ser una deshumanización y un doble estándar en el tratamiento judicial entre criminales peligrosos y ciudadanos comunes. Van Hattem declaró:
«Personas humildes, como una profesora jubilada de 71 años, gente común, que tenía la Biblia en la mano y la bandera de Brasil en los hombros, se han convertido en el blanco de la ira de los ministros del Supremo Tribunal Federal y están siendo condenadas a pasar decenas de años en la cárcel. Mientras tanto, criminales peligrosos son puestos en libertad y el mayor bandido de la historia política brasileña, condenado en tres instancias, fue liberado para competir y asumir la presidencia del país. ¡Cobardes, inhumanos! ¡Que dejen de violar la ley!»
La historia de Iraci Nagoshi destaca un contraste vívido con escenarios en los cuales traficantes, a veces, son favorecidos por decisiones judiciales que les permiten evitar la prisión o incluso recuperar bienes incautados, como vehículos de lujo y equipos costosos. Este paralelo entre la severidad aplicada a una jubilada con problemas de salud y la lenidad en casos de narcotráfico suscita debates sobre la justicia y la moralidad de las decisiones judiciales en Brasil.
Ahora, les invito a un ejercicio imaginativo: visualicen a una simpática ancianita, profesora de portugués jubilada, dotada de un vasto conocimiento sobre los clásicos de la literatura y una pasión inquebrantable por la corrección gramatical, orquestando un golpe de Estado.
En este escenario surrealista, el máximo daño que podría infligir sería, quizás, una severa reprimenda a un alumno por un error de conjugación verbal o una confusión sintáctica. Esta figura, más inclinada a blandir un bolígrafo rojo que cualquier arma, se transforma en una especie de Quijote de los tiempos modernos, combatiendo molinos de viento jurídicos y políticos solo con su integridad y convicciones. ¿Sería razonable creer que esta anciana señora estuviera realmente tramando algún grave golpe, articulando con fuerzas especiales un peligroso «coup d’état»?
La aplicación del concepto de crimen imposible, según lo definido por el renombrado jurista Fernando Capez, a la situación de la señora Iraci Nagoshi, resalta la incongruencia evidente en la acusación que se le ha imputado. Capez describe el crimen imposible como aquel que, debido a la «ineficacia total del medio empleado o por la impropiedad absoluta del objeto material, es imposible de consumarse».
Análogamente, suponer que una profesora jubilada de 71 años, sin influencia política significativa, desprovista de apoyo de sectores militares y sin recursos financieros abundantes, pueda orquestar un golpe de Estado, es absurdamente inviable. Así como un hombre no puede realizarse un aborto a sí mismo y nadie puede cometer homicidio contra un cadáver, la capacidad de Iraci Nagoshi para emprender tal acto subversivo equivale a un crimen imposible.
Este paralelismo sirve no solo para cuestionar la base fáctica y jurídica de la acusación, sino también para ilustrar el uso desproporcionado de la autoridad judicial, transformando una acusación infundada en un instrumento de represión política, socavando los cimientos del Estado de Derecho bajo el pretexto de su defensa.
El caso de Iraci Nagoshi, lejos de ser una mera nota al pie en la teratología jurídica brasileña, refleja tensiones más profundas y cuestionamientos sobre justicia, equidad y el papel del poder judicial. La trayectoria de esta profesora jubilada se entrelaza con la de muchos otros brasileños, evidenciando un avance autoritario por parte de un poder judicial cada vez más politizado. La figura de Iraci permanece como un poderoso recordatorio de la horripilante tragicomedia que caracteriza la vida pública y política en Brasil.
