La visita a Cuba de la vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, se ha convertido en la oportunidad perfecta para poner en evidencia la naturaleza e intenciones del Gobierno de Gustavo Petro. Lo que inicialmente era solamente un periplo con fines supuestamente culturales, se ha trocado en una gira de cabildeo a favor del régimen de izquierda criminal más longevo de la región: el que por décadas encabezaron los hermanos Castro y ahora es jefaturado por Díaz-Canel.
Márquez llegó a La Habana la semana pasada con la intención de participar en la Feria Internacional del Libro de la capital cubana. Un asunto inocuo, pensarían muchos. Sin embargo, no tardó mucho en salir públicamente a clamar por el fin del embargo económico que desde hace décadas le ha sido impuesto por Estados Unidos a la isla, al tiempo que exigió que ésta fuese retirada del listado norteamericano de países que promueven activamente el terrorismo.
«Un país que le apuesta a la paz no puede ser un país que se coloque en una lista de guerra”, afirmó la alta funcionaria colombiana en un discurso el jueves pasado. «Acompañamos la demanda de levantar el bloqueo», dijo, además.
Márquez agradeció al régimen de Díaz-Canel por las gestiones que en 2016 emprendió Cuba para apuntalar la firma de un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como la colaboración que ha prestado en el actual diálogo que sostienen los emisarios de Petro con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Vale decir que, siete años después, el problema de las FARC sigue allí. Aunque una parte de sus integrantes asumieron la vía legal de la política, ocupando escaños en el Parlamento colombiano a través de la formación “Comunes”, otra se ha agrupado en “disidencias” que mantienen su modus vivendi amparado en el secuestro, el narcotráfico y la extorsión. Actualmente varios de los frentes guerrilleros adscritos a este grupo terrorista han cruzado la frontera hacia Venezuela, en donde han conseguido un territorio lo suficientemente amigable y permisivo con su entramado de actividades criminales.
Como si todo esto fuese poco, la vicepresidente colombiana afirmó durante su visita a Cuba estar entusiasmada con la idea de reproducir en su país un modelo de salud idéntico al que existe en la isla caribeña, en tanto este último cuenta con los “mejores médicos del mundo”.
“Yo creo que la experiencia que ustedes han tenido en el sistema de salud, lograr que en Cuba se formen a los mejores médicos del mundo, es parte de la experiencia y el camino de lo que necesitamos en Colombia”, sentenció vehementemente Márquez.
Los convenios con médicos cubanos se han convertido en los últimos años en una herramienta de penetración política utilizada por el régimen castrista para inmiscuirse en los asuntos internos de los países a donde éstos llegan. La injerencia franca y abierta de Cuba en Venezuela comenzó justamente así: a través de la “Misión Barrio Adentro”, un supuesto programa social en donde los sectores populares del país fueron minados de dispensarios que eran controlados por galenos provenientes de la isla. Al día de hoy estas instalaciones funcionan de manera precaria o simplemente ya no existen; sin embargo, en su gran mayoría, el personal cubano se quedó instalado en Venezuela.
En el México de Andrés Manuel López Obrador los convenios en los que varios contingentes de profesionales de la medicina de origen cubano han llegado al país norteamericano para incorporarse a su sistema de salud también han generado polémica. La oposición ha manifestado en más de una vez su recelo a un programa de Gobierno que puede estar dejando la puerta abierta a algo similar a lo que justamente ya ocurrió en Venezuela.
“Estamos proponiendo una reforma a la salud, donde la salud vuelva a ser administrada por el Estado. Esto no va a ser fácil (…) Se está proponiendo quitarle el negocio a la elite, a sectores privados, que volvieron la salud una mercancía y no un derecho fundamental”, añadió Márquez en Cuba, justamente en el momento en que Gustavo Petro intenta echar adelante una reforma al sistema de salud en Colombia.
Paralelamente a las declaraciones de la vicepresidente colombiana han salido a la luz sondeos de opinión que dejan al Gobierno petrista muy mal parado. De acuerdo a la demoscópica Opinómetro de la encuestadora Datexco, la gestión de Gustavo Petro registra en este momento una desaprobación del 53%, mientras que su índice de aprobación cae al 36%.
Estos resultados son un campanazo para el Gobierno izquierdista colombiano, dado que la misma empresa en diciembre pasado otorgaba a dicha gestión una desaprobación del 44%. Desde que, en octubre pasado Petro cruzó la barrera del 40% en el umbral de rechazo, la popularidad en su mandato no ha dejado de caer.
