Inició el juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. En los alrededores del palacio legislativo hubo una jornada de respaldo civil al mandatario, pero sobre todo para evitar lo que muchos consideran es un intento de Golpe de Estado.
Llegaron civiles de diversas provincias bajo el grito de «no seremos Nicaragua, Cuba ni Venezuela». Pues crece en el corazón de muchos ecuatorianos el temor que la salida de Lasso implique el retorno del socialismo del siglo XXI en el país.
De las tres horas que tenía a su favor, el presidente Guillermo Lasso usó 53 minutos en su defensa. Reprochó que sus acusadores están «obsesionados» con poner fin a su Gobierno y señaló «un sobrehumano rencor». «El mismo rencor que me profesan es la más grande prueba de mi inocencia», exclamó y cautivó los aplausos de la bancada oficialista.
«Han querido tomarse el poder hasta por cuatro ocasiones«, espetó. El último intento fue en junio del 2022. Luego de 18 días de paralizaciones que cerraron vías, arrojaron leche, quemaron campos y amedrentaron agricultores, por parte del indigenismo, la bancada correísta aprovechó el clima de tensión para intentar destituir al presidente.
En esa ocasión fue el Partido Social Cristiano quien lo impidió, con el jefe de bancada Esteban Torres Cobo (firmante de la Carta de Madrid) a la cabeza. El asambleísta evitó que lograsen los votos necesarios para el golpe.
Pero ahora el mismo legislador es interpelante en contra de Lasso. Con un enérgico discurso levantó un chaleco antibalas para reprochar al mandatario por su incapacidad de dotar a las fuerzas del orden con las herramientas necesarias para combatir al crimen organizado.
El legislador ha sido cuestionado de «pactar con el correísmo» por los mismos que callaron cuando Lasso logró aumentar impuestos con el apoyo del bloque correísta. Voto que se produjo tras la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, preso por corrupción. Es decir, bajo el Gobierno de Lasso fue liberado el número dos del correísmo.
Lo cierto es que la bancada de UNES -afín a Correa- es la más numerosa en el Parlamento. Entonces para que una ley se apruebe requiere de su respaldo, y eso lo saben todos los partidos. Pero al momento las bancadas están divididas. En Pachakutik y la Izquierda Democrática hay legisladores que respaldan que Lasso lleve a término su mandato. Y varios insisten que no hay pruebas suficientes para destituirlo.
Hasta ahora la prueba más contundente de la corrupción en el Gobierno ha sido presentada por el Vicealmirante Johnny Estupiñán, quien fue gerente de Flopec (Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana). Por vía virtual, presentó su testimonio Viviana Veloz, interpelante en el juicio político y legisladora del bloque correísta.
Estupiñán insiste en que no busca dañar al presidente. Al contrario, quiere que complete su mandato (y no que sea destituido del cargo como pretenden sus opositores). No obstante, denuncia cómo sus asesores (entre los cuales destaca a Hernán Luque y Oswaldo Rosero) presentaron informes que desacreditan sus denuncias y han impedido el acceso a información que visibiliza irregularidades. Además, menciona a Cristian Panchi, quien suplantó al vicealmirante al mando de la gerencia de Flopec, tras presentar sus denuncias. Estupiñán insiste que las irregularidades en Flopec preceden a su presidencia. Es más, ha sido enérgico en sus críticas al correísmo, al punto que dijo que Rafael Correa fue cómplice de la narcoguerrilla.
Es decir, no se debe a un partido sino a la patria, como uniformado que es. Por eso, desde noviembre del 2021 ha presentado las pruebas necesarias para que el presidente Lasso rectifique pero hubo omisión e incluso la remoción de Estupiñán de sus funciones en Flopec. De hecho, le envió directamente un informe al legislador Fernando Villavicencio (con copia al presidente parlamentario Virgilio Saquicela) y este hizo caso omiso. Así, Estupiñán es hoy uno de los portavoces principales a favor del mandatario.
El vicealmirante tuvo la oportunidad de llevar las presuntas pruebas al Ejecutivo para que tomara cartas en el asunto. El presidente, en lugar de hacerlo, lo ignoró. Ahora los señalamientos son utilizados como como prueba en su contra. Lo que impera al momento es la acusación de omisión.
El veredicto final se sabrá el día sábado 20 de mayo. Mientras, los opositores al gobierno deberán juntar a 92 de los 137 legisladores (dos tercios) a su favor para lograr que el juicio político ponga fin a la presidencia de Lasso. Por el momento cuentan con 88. Si todo se mantiene como está, no lo lograrán.
Además, Lasso aún tiene la posibilidad de declarar muerte cruzada, una herramienta constitucional que permite la disolución del Poder Legislativo y elecciones anticipadas. Pero la dirigencia indigenista amenazó con paralizar el país nuevamente si lo hace.
Y las Fuerzas Armadas ya están listas para defender al mandatario. Incluso lo recibieron con honores al ingresar al Palacio Legislativo. Cabe destacar que recientemente les fue restituida la potestad de abatir delincuentes a las fuerzas del orden. De manera que un siguiente levantamiento contra estas podría tener resistencia.
Mientras, el panorama sigue incierto. Lo único seguro es que la institucionalidad ecuatoriana está en un momento frágil. Lo que empezó como “efecto Lasso” por el impacto económico positivo que produjo su elección, hoy está en bajada. No porque sea de “extrema derecha”, como acusan sus opositores, sino porque -al contrario- no ha demostrado ser la alternativa al socialismo del siglo XXI. Es más, su Gobierno ha sido infinitamente más “progresista” en muchos aspectos que éstos. Lo cual se ha visto reflejado en el poder judicial: al liberar criminales, entre ellos a un exvicepresidente corrupto.
