El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha propuesto este domingo liderar la oposición como alternativa a una candidatura a la Presidencia del país, después de que haya recurrido a la denominada como ‘muerte cruzada’, un mecanismo que disuelve el Parlamento a cambio de la renuncia del jefe de Estado, tras el inicio de su juicio político.
«Yo tomé una decisión de no presentarme a las elecciones (generales) de 2023, pero eso no implica que yo me despida de la política, hay distintas maneras de poder gravitar en la política y una de esas es también desde la oposición«, ha declarado en una entrevista para la cadena NTN24.
Lasso ha señalado que su objetivo es que sea «una oposición seria, no una oposición ciega, al punto de: ‘Aunque el país se destruya, quiero destruir a mi contrincante'». Al ser preguntado sobre una posible candidatura en 2025, el mandatario ha manifestado que «los ejércitos se repliegan para volver a entrar«.
Por otro lado, ha defendido su decisión, sosteniendo que la Asamblea Nacional no tenía los votos para destituirle, pero ese resultado no solucionaría su mandato. «Mi análisis fue el siguiente: podía llegar a la votación, salir victorioso de la votación un sábado, pero el lunes volveríamos al infierno. Por eso dije: Prefiero gobernar dos meses en el purgatorio y no dos años en el infierno«, ha declarado.
Asimismo, ha defendido su labor en el Gobierno de Ecuador, desde que accedió en mayo de 2021. «Era un país con una crisis sanitaria, económica y moral. En cuanto a la crisis sanitaria cumplí, (…) en materia económica recibí un país con un déficit de 7,7 puntos del PIB y cerrará 2023 con un déficit de alrededor de 2 puntos», ha defendido.
En cuanto a la crisis moral, ha asegurado que ha «librado una lucha contra la corrupción durante todo este tiempo», al tiempo que ha agregado que los escándalos de corrupción que salpican a algunos de los miembros de su Ejecutivo han sido «ataques contra el Gobierno» con dineros provenientes de corruptos».
El juicio en contra de Lasso se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno, algo que ha recordado Lasso.
