El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, inició recientemente una cruzada para acabar con la “irracional” guerra contra las drogas en un discurso en el que comparó lo “venenoso” de la cocaína con el carbón y el petróleo. Colombia es, en efecto, un gran exportador de carbón y petróleo, pero también de drogas. El país sudamericano hoy en día es el mayor productor de coca y cocaína en el mundo, por lo que cualquier decisión desde el Ejecutivo relacionada con el tema podría tener un impacto global.
Así, Petro dijo desde Nueva York en la Asamblea General de la ONU que en materia de drogas el mundo debe avanzar hacia la regulación, y en vez de encarar la “guerra contra las drogas” con fusiles, propuso encararla como “una enfermedad”. El mandatario asegura que el modo de enfrentar el consumo de drogas debe ser bajando el precio, regulando el consumo y disponiendo de una “enorme cantidad de dinero” para prevenir y disminuir la demanda.
Petro ya ha dejado algunas evidencias de cómo encaminará su gestión relacionada con el consumo de drogas: buscará legalizar la marihuana con fines recreativos y al mismo tiempo dejará de perseguir a productores y consumidores. En el caso de la cocaína aún no hay nada claro.
Aunque el camino de legalizar las drogas parece alentador para algunos, hay una realidad que no puede ser ignorada: con una legalización de las drogas, Colombia seguiría produciendo y comercializando, pero ahora con “libertad”, mientras que el resto del mundo deberá lidiar con las consecuencias de ello.
Si Colombia es actualmente el mayor productor de coca y cocaína en el mundo, sin restricciones podría convertirse en un “búnker” para el narcotráfico global. De allí que la oposición colombiana critica que Petro no esté interesado en continuar luchando fuertemente contra las drogas, sino que pretende legalizarlas todas.
El expresidente Andrés Pastrana reaccionó ante la posición de Petro y dijo que es “una vergüenza”; señaló a través de su cuenta de Twitter que el mandatario “se declara en la ONU como el gran capo defensor de la cocaína”, desechando sus efectos sobre la salud pública y despreciando “los muertos que, como la Corte Suprema masacrada por su M-19 para Pablo Escobar, dejan las mafias con que hoy pacta el poder”.
“Al oír al presidente Petro pareciera que para él la guerra contra las drogas fuera una imposición. Para muchos de nosotros, y miles de colombianos que han sido asesinados con los dineros de las drogas, combatir las drogas ha sido un deber surgido de querer ver a Colombia en paz”, expresó también la senadora Paloma Valencia.
De la despenalización a la dura realidad
La despenalización de las drogas no ha generado buenos resultados en la mayoría de los casos. De hecho, hay evidencias no solo de un peligroso aumento de la drogadicción, sino de que el fenómeno de la criminalidad no desaparece con la ruta de la legalización.
En 2013, Uruguay, por ejemplo, sorprendió al mundo al ser el primer país en regular la producción, distribución y venta de marihuana. Sin embargo, de acuerdo con un estudio publicado por el Ircca (Instituto de Regulación y Control de Cannabis), solo 27% de las personas que adquieren esta droga lo hacen de forma legal.
En Países Bajos, desde 1976 se tolera el consumo y la venta al por menor de menos de cinco gramos de marihuana en los «coffee shops»; sin embargo, desde 2021 la Alcaldía de Ámsterdam prohibió a los turistas extranjeros el acceso a esos locales de venta debido al aumento de demanda de drogas blandas provocado por el «turismo del cannabis».
Otro ejemplo de que la despenalización de las drogas habría demostrado no ser la mejor decisión se da en el estado de Oregon en Estados Unidos. Dos años después de la legalización el estado está experimentado un fuerte aumento de sobredosis y fallecimientos consecuencia del consumo de estas sustancias.
La Ley de Tratamiento y Recuperación de la Adicción a las Drogas, aprobada en 2020, pretendía reducir las penas por posesión de cualquier droga a una citación civil y una multa simbólica que sería desestimada si el consumidor aceptaba someterse a un tratamiento por adicción a las drogas. Dos años después el resultado es negativo.
En solo un año, más de 1.100 personas murieron por sobredosis, lo que representó un aumento de casi 20 % respecto al periodo anterior. Además, de las 3.100 personas que recibieron la citación, solo 200 aceptaron el tratamiento, y 70 % no pagó la multa ni se presentó ante el tribunal.
Queda esperar a conocer cuál será la ruta que asumirá Gustavo Petro para asumir – o no – la guerra contra las drogas. Su país es el mayor productor y de encaminarse a despenalizarlas podría convertirlo en un “Duty free” para el narcotráfico tanto nacional como internacional.
