El 8 de enero de 2023 estuvo marcado por la invasión de los edificios que representan a los Tres Poderes en Brasil: Congreso, Supremo Tribunal Federal y Poder Ejecutivo. Después de 70 días de manifestaciones pacíficas frente a los cuarteles alegando fraude en el proceso electoral, criticando el regreso del exconvicto por corrupción Lula da Silva a la presidencia de Brasil, cuestionando la parcialidad del Supremo Tribunal Federal y exigiendo la acción de las Fuerzas Armadas contra una serie de arbitrariedades ejercidas por poderes constitucionales en Brasil; una masa de manifestantes decidió invadir violentamente los mencionados edificios públicos.
El vandalismo y la depredación afectaron edificios y bienes públicos. Un informe del Diário do Nordeste registra vandalismo en obras de arte, muebles, ventanas y otros bienes públicos. No hubo personas heridas o muertas, afortunadamente.
Algunas fuentes consideran que los actos vandálicos son apenas de los manifestantes bolsonaristas radicales, y otras fuentes consideran la posibilidad de «infiltrados» dentro de las manifestaciones. Todo eso deberá ser investigado y lo que se sabe ahora es que hubo destrucción de bienes públicos.
Algo que llamó la atención también fue la incapacidad de las fuerzas de seguridad para contener la multitud de personas. Muchos sectores políticos y mediáticos están calificando el episodio como una especie de “Capitolio brasileño”, aunque hay similitudes, este tipo de “encuadres” tienen el sospechoso objetivo de desencadenar y legitimar una reacción desproporcionada contra cualquiera del espectro político de derecha. Esta calificación puede generar una ola de «cacería de brujas».
Las reacciones de importantes actores políticos terminaron echando más gasolina y polarizando más en lugar de pacificar a Brasil. El presidente Lula da Silva llamó a los vándalos de la invasión «nazis fanáticos» y «fascistas fanáticos». También mintió cuando dijo que no hubo manifestaciones violentas de izquierda en la Praça dos Três Poderes cuando, en verdad, hubo un episodio de destruccion en 2017 durante el gobierno de Michel Temer, entre otros actos de vandalismo.
Lula da Silva incluso decretó una Intervención Federal. La intervención federal ocurre cuando el gobierno nacional absorbe funciones que originalmente pertenecían a los gobiernos de los estados (en este caso, el Distrito Federal) dentro del pacto federativo.
El actual ministro de Justicia, Flavio Dino, calificó los actos de vandalismo como «terrorismo» y dijo que intentará identificar a los financiadores del movimiento. Este sesgo en defensa de la legalidad y la propiedad pública contrasta con el mismo tuit de Flavio Dino en mayo de 2017. En esta ocasión dijo: “se escuchará la voz del pueblo”, tras violentas protestas que destrozaron varios ministerios y dejaron 49 heridos.
El ministro del STF, Alexandre de Moraes, también actuó con rapidez. Simplemente destituyó al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por 90 días y ordenó la detención de manifestantes en todo Brasil.
El expresidente Jair Bolsonaro también se pronunció sobre los lamentables episodios de vandalismo. Condenó tanto la violencia de ayer como la perpetrada por la izquierda en 2013 y 2017, y dijo que las manifestaciones deben ser pacíficas. También concluyó: “A lo largo de mi mandato siempre he estado dentro de los cuatro renglones de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad”.
Ahora queda por ver qué sucederá en Brasil a partir de ahora. Y cuáles son las reacciones tomadas por actores políticos relevantes en Brasil. Si se buscará un camino de pacificación y conciliación; o sea un camino de más radicalización, de estigmatización del opositor y de más persecución política.
