El Gobierno de Javier Milei, a través de su portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha anunciado que prepara una reforma legal destinada a agilizar los desalojos y endurecer la respuesta frente a la ocupación ilegal de viviendas en Argentina, un fenómeno que ha ido ganando peso en los últimos años.
La iniciativa legislativa persigue acortar al máximo los plazos judiciales para que los propietarios puedan recuperar sus inmuebles en cuestión de días. Según explicó Adorni, el objetivo es implantar un procedimiento rápido que permita desalojar a los ocupantes irregulares en menos de cinco días, devolviendo la vivienda a su titular legítimo con la mayor celeridad posible.
El texto del proyecto establece que podrá aplicarse tanto a inmuebles ocupados sin ningún tipo de título legal como a viviendas alquiladas en las que el inquilino haya incumplido condiciones esenciales del contrato, como el impago de rentas durante más de dos meses consecutivos. De este modo, la norma abarcaría tanto la ocupación ilegal como situaciones equiparables a lo que en España se conoce como inquiokupación.
El procedimiento contemplado arrancaría con la presentación, por parte del propietario, de la documentación que acredite la titularidad del inmueble y la situación irregular. El juez debería admitir la solicitud en un plazo máximo de 48 horas. A continuación, el ocupante sería notificado en un periodo de cinco días y dispondría de otros cinco días hábiles para formular alegaciones y aportar pruebas. Tras ese trámite, el juez tendría un máximo de diez días hábiles para dictar resolución.
Si se confirma la ocupación ilegítima o el incumplimiento contractual, la restitución del inmueble se ejecutaría de forma inmediata, incluso con el apoyo de las fuerzas de seguridad si fuera necesario. El proyecto también recoge que el desalojo deberá llevarse a cabo respetando la integridad de los ocupantes y facilitando, en su caso, su derivación a servicios sociales.
Desde el Ejecutivo argentino sostienen que esta reforma busca reforzar la seguridad jurídica y proteger el derecho de propiedad, al tiempo que contribuiría a dinamizar el mercado del alquiler. La posibilidad de recuperar una vivienda en plazos breves, argumentan, incentivaría a más propietarios a poner sus inmuebles en arrendamiento.
Esta propuesta se enmarca en el giro político impulsado por Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada, caracterizado por medidas de corte liberal, especialmente en el ámbito económico. En materia de vivienda, el Gobierno ya ha promovido cambios orientados a flexibilizar el mercado, lo que, según diversos análisis, ha venido acompañado de un aumento de la oferta y una moderación de los precios del alquiler.
El contexto en el que surge esta reforma también está marcado por el crecimiento de las ocupaciones ilegales. Sólo en 2024 se contabilizaron más de 14.000 viviendas usurpadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una cifra que podría ser mayor si se tienen en cuenta los casos que no llegan a denunciarse.
