«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu

Motín en una cárcel en el oeste de Venezuela: «Las golpizas y las torturas son permanentes»

Agentes de la Policía Nacional Bolivariana. Europa Press

Población reclusa del Internado Judicial de Barinas (Injuba) tomó este domingo las instalaciones de ese penal ubicado en el oeste de Venezuela exigiendo la destitución del ministro de Servicios Penitenciarios del país, Julio García Zerpa, y del director de esa misma prisión, Elvis Macuare Guerrero, a quienes atribuyen los delitos de corrupción y malos tratos contra los reos.

«Los reclusos denunciaron (…) que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director de Injuba y que, desde entonces, presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas», ha informado la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en un mensaje publicado en redes en el cual ha agregado que los privados de libertad allí alojados denuncian «golpizas y torturas».

A renglón seguido, esa misma organización ha apuntado que «más de 120 privados de libertad permanecen castigados en una celda de aislamiento», así como que los presos afirman que el director «estaría realizando disparos hacia las torres del penal», algo que, ha advertido la ONG, «podría desencadenar una tragedia».

Días antes, el OVP afeó la «falta de respuesta oficial» de los responsables de ese presidio a las visitas programadas de los familiares, quienes permanecían a las puertas del Injuba bajo la lluvia percibiendo «movimientos inusuales de funcionarios dentro del centro».

En uno de los vídeos publicados por la ONG se muestran los pasillos del penal, colmados de objetos tirados en el suelo, mientras se escucha cómo uno de los reclusos clama que el nuevo director «desde que llegó, lo que ha hecho ha sido maltratar» a los presos. «Nos tienen durmiendo en el suelo, nos quitó el deporte, el estudio y las redenciones… El fin de esto es que nos lo quiten. ¡No lo queremos!», han urgido.

Al hilo, el OVP ha asegurado haber denunciado con anterioridad prácticas como la suspensión de visitas, traslados «inconsultos» y aislamientos «prolongados» dentro del recinto penitenciario.

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