El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y ex ministro del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Luis Roberto Barroso, declaró que «derrotamos al bolsonarismo«. La afirmación tuvo lugar durante un evento de la UNE (Unión Nacional de los Estudiantes), organización estudiantil liderada por partidos de izquierda y extrema izquierda, reconocida como un importante espacio de formación de líderes estudiantiles afiliados al PT y movimientos comunistas.
La situación se agravó aún más por el hecho de que Barroso hiciera estas declaraciones junto al ministro de Justicia de Lula, Flavio Dino. Esta confesión del ministro del STF, que se perfila como el próximo presidente del Tribunal, plantea interrogantes sobre el papel político-partidista de un magistrado, que podría ser una de las razones para un proceso de juicio político, según la Constitución brasileña.
La declaración del ministro provocó indignación en la oposición brasileña, que se mostró sorprendida por su afirmación de haber «derrotado al bolsonarismo», utilizando la primera persona del plural para referirse a sí mismo junto a los militantes de izquierda presentes en el acto. Diputados opositores presentaron un pedido de juicio político contra el ministro.
Barroso trató de justificar su discurso en el congreso de la UNE en una nota oficial, afirmando: «Ayer, durante el Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes, utilicé la expresión ‘Derrotamos al bolsonarismo’, cuando en realidad me refería a el extremismo golpista y violento que se ha manifestado en el 8 de enero y que representa a una minoría. Nunca fue mi intención ofender a los 58 millones de votantes del expresidente, ni criticar una cosmovisión conservadora y democrática, que es perfectamente legítima. Tengo el máximo respeto por parte de todos los votantes y de todos los políticos demócratas, ya sean conservadores, liberales o progresistas».
Sin embargo, esta declaración expone aún más la opinión del jurista, que debería ser imparcial, al confundir el fenómeno político del «bolsonarismo» con el «golpismo y extremismo violento» del «8 de enero», como si fueran intercambiables. A pesar de las disculpas, persisten dudas sobre la imparcialidad de su actuación como juez del STF y del TSE, debido a su historial de discursos y acciones siempre a favor de un lado del espectro político brasileño.
Barroso ya ha participado en polémicas relacionadas con las elecciones y su actuación altamente politizada en el pasado. En agosto de 2021 afirmó que «las elecciones no se ganan, se toman», como podemos confirmar en el portal Jovem Pan. Esta frase fue luego «sacada de contexto», según la estructura de la justicia electoral que explicó el video en aquel momento. Cabe mencionar que, además de ser juez del STF, Barroso fue presidente del TSE desde mayo de 2020 hasta febrero de 2022.
En junio de 2022, durante una conferencia en Oxford, el magistrado Barroso fue interrumpido por una mujer brasileña que cuestionó su afirmación de que el conteo de votos sería manual. Esta interrupción se dio en un momento en que Barroso declaró: «Durante mi gestión como presidente del TSE tuve que enfrentar la pandemia, ofrecer resistencia a los ataques a la democracia y prevenir este abominable revés que sería el regreso a los votos impresos con conteo manual público, que siempre ha sido el camino del fraude en Brasil». Una brasileña en evento recriminó al ministro diciendo: «Es mentira… nadie dijo sobre el conteo manual», mientras que otra persona comentó: «¿Cómo vamos a confiar en las urnas si el que va a presidir es el que soltó al mayor ladrón?». La persona que criticó al ministro estaba refiriéndose al magistrado Edson Fachin que había sacado Lula da Silva de la cárcel y después fue presidente del Tribunal Superior Electoral en Brasil.
El propósito del voto impreso era permitir la auditoría de los votos, no el conteo manual mencionado inicialmente por el juez. El proyecto de ley, presentado por el entonces diputado Jair Bolsonaro, buscaba una forma de auditar las elecciones. Sin embargo, el «establishment jurídico» junto con el «establishment de los medios de comunicación», repitieran extensamente que agregar una capa adicional de seguridad al proceso electoral era innecesario, tratando a cualquiera que cuestionara el sistema electoral brasileño como un criminal.
Otro momento en el que el juez de la corte suprema, designado por Dilma Rousseff, humilló a los votantes del bando político opuesto fue cuando le preguntaron en Estados Unidos sobre el código fuente de la urna electrónica, y respondió de manera grosera: «Perdiste pendejo, no me jodas». Ese es un lenguaje utilizado por rateros de Rio de Janeiro cuando le roban a un móvil o la billetera a alguna víctima en la «Ciudad Maravillosa».
La oposición reaccionó a la confesión pública del ministro, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El senador Hamilton Mourão (PL-RS) mencionó en sus redes sociales que el magistrado cometió delitos de responsabilidad previstos en el artículo 39 de la Ley 1079/1950: «No hay forma de justificar lo injustificable. Barroso fue traicionado por el orgullo y sus declaraciones políticas van más allá del papel de un magistrado, incurso en los delitos de responsabilidad previstos en el artículo 39 de la Ley 1079/1950».
El diputado Gustavo Gayer (PL-GO) también afirmó que la oposición iniciará un juicio político contra el magistrado, precisando que: «La dirigencia opositora iniciará un juicio político contra Barroso por sus declaraciones de ‘derrotamos al bolsonarismo».
Ahora bien, incluso si bien hay razones legales para la solicitud, es poco probable que la acción tenga éxito. Todo ello precisamente por la fuerza de la colusión entre el establecimiento jurídico y las fuerzas políticas del PT que gobiernan el Brasil.
