Las nuevas cámaras permiten identificar 200 personas por minuto y llaman a la Policía si encuentran un criminal.
George Orwell narra en ‘1984’ la historia de Winston Smith, un trabajador del Ministerio de la Verdad cuyo trabajo es reescribir la historia bajo la atenta mirada del Gran Hermano, un sistema de vigilancia impuesto por el Gobierno. China ha presentado un plan con 600 millones de cámaras para blindar su seguridad.
La enorme red conecta un sistema de inteligencia artificial, que no solo registran lo que sucede en las distintas localización del país asiático, sino que también puede identificar el sexo, edad, color de piel características de la ropa y hasta rasgos únicos de los ciudadanos.
El Gobierno chino ha entregado un borrador con el futuro plan de «valoración ciudadana». El complejo proyecto, que no es del agrado del resto de países de la zona, prevé conectar las calificaciones crediticias, financieras sociales, políticas y legales de cada ciudadano.
Las autoridades chinas han llamado a este sistema de puntuación de «confiabilidad social», el cual delimitará el nivel de confianza sobre cada persona. En el borrador del proyecto también se detallan de las consecuencias de ser considerado “ciudadano no confiable”. Entre algunas de las sanciones que se especifican destacan la de estar excluido de un cargo público, perder acceso a la seguridad social o ser registrado a fondo en la aduana china. El ciudadano con bajo puntaje también podrá ser excluido de puestos de alto nivel en el sector de alimentos o medicamentos y no podrá tener acceso a la cama de los trenes nocturnos.
‘Violan el Derecho Internacional’
Las autoridades chinas están recopilando datos biológicos como ADN a millones de personas que residen en la conflictiva región china de Xianjiang, lo que supone una «grave» violación del derecho internacional, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).
El programa gubernamental para recopilar datos se presenta bajo un mecanismo de salud gratuito, pero los ciudadanos no son informados sobre la intención de recolectar, almacenar y usar estos datos tan sensibles, alertó HRW en un comunicado.
A todos los residentes de entre 12 y 65 años de la región, en el noroeste y hogar de la minoría musulmana uigur, se les han realizado un escáner de iris, muestras de ADN y pruebas de sangre.
Esta recopilación «obligatoria y desproporcionada» de datos biométricos confidenciales, plantea «serias» preocupaciones sobre los derechos humanos, ya que los datos podrían ser utilizados para la vigilancia de personas por etnia, religión u opinión.
«La recopilación obligatoria de datos biológicos tiene un potencial particularmente abusivo, y apenas parece justificable como medida de seguridad», aseveró la directora de HRW en China, Sophie Richardson.
Xinjiang, en el noroeste de China, es el hogar de 10 millones de uigures y otras minorías étnicas predominantemente musulmanas.
Las autoridades regionales han impuesto restricciones generalizadas sobre los derechos humanos fundamentales de la población, incluida la libertad de religión, y desde 2016, ha impuesto restricciones a los viajes al extranjero.
Aunque la recopilación de ADN por parte de las autoridades a veces se justifica como una herramienta de investigación, este programa recopila información de todas las personas, independientemente de su relación con alguna investigación criminal.
Por eso, la organización internacional denunció que la coacción a personas para que den muestras de sangre sin consentimiento o justificación «puede violar la privacidad y a la dignidad».
Las autoridades chinas defienden que con este programa de registro de la población pretenden mejorar la toma de decisiones científicas que ayuden a promover la reducción de la pobreza y la «estabilidad social», por ejemplo, a través de la detección de enfermedades graves.
Un uigur del oeste de Xinjian, al que se le tomaron muestras y nunca recibió los resultados del examen físico, contó a HRW que su comité vecinal «había exigido que los habitantes de su barrio participaran en los exámenes físicos», por lo que negarse a hacerlo podría ser visto como un signo de «deslealtad política».
HRW también alertó de los esfuerzos de las autoridades para implantar nuevos sistemas tecnológicos para la vigilancia masiva, incluido el uso de las bases de datos o la biometría en todo el país.
«Las autoridades chinas parecen pensar que pueden lograr ‘la estabilidad social’ al colocar a la gente bajo el microscopio, pero estos programas abusivos tienen más probabilidades de empeorar la hostilidad hacia el Gobierno», afirmó Richardson.
Por eso, abogó a Pekín a detener inmediatamente estos programas y destruir toda la información recopilada sin un consentimiento completo e informado.
