Nigeria vuelve a sufrir un secuestro masivo en un centro educativo. Un grupo de hombres armados irrumpió en la madrugada del sábado en una escuela femenina de Danko Wasagu, en el estado nigeriano de Kebbi, y secuestró a 25 alumnas, además de asesinar al director del colegio y a un guardia de seguridad.
Según informó el portavoz policial, Nafiu Abubakar Kotarkoshi, las fuerzas de seguridad se desplazaron al lugar inmediatamente después del ataque, pero los asaltantes «ya habían escalado la valla y sacado a las estudiantes de su dormitorio». Tras un breve tiroteo, los criminales lograron huir con las alumnas, cuyo paradero sigue siendo desconocido.
La Policía ha desplegado refuerzos para rastrear las posibles rutas de escape y los bosques cercanos, zonas frecuentemente utilizadas por las bandas criminales que operan en el noroeste del país. A diferencia del noreste —donde actúan Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental—, Kebbi se ha convertido en los últimos años en un territorio golpeado por grupos armados dedicados al secuestro por rescate, la extorsión y ataques indiscriminados a aldeas y colegios.
El portavoz del gobernador del estado, Ahmed Idris, indicó que el número exacto de secuestradas aún está bajo verificación, pero aseguró que las autoridades trabajan «estrechamente con las fuerzas de seguridad para garantizar su liberación».
La información disponible apunta a que el ataque se enmarca en la actividad de estas bandas armadas, más que en un atentado motivado por extremismo religioso. Kebbi es una región de mayoría musulmana, pero no hay datos que indiquen que las alumnas hayan sido seleccionadas por su fe ni que se trate de una acción de grupos yihadistas, por ahora.
La ola de inseguridad que sacude el norte y noroeste de Nigeria ha crecido de forma dramática en los últimos años, afectando especialmente a escuelas rurales, convertidas en objetivo fácil para las organizaciones criminales. Este nuevo ataque vuelve a poner en cuestión la capacidad del Estado nigeriano para proteger a los menores y garantizar la seguridad en amplias zonas del país, donde la autoridad estatal sigue siendo frágil o prácticamente inexistente.
