A medida que se termina el año, la tendencia irrefrenable a hacer balances nos lleva a otorgar el título al despropósito más ridículo: la prohibición de las redes sociales para menores. El gobierno australiano, esa gran fábrica de totalitarismo soft, ha protagonizado uno de los grandes fracasos de 2025. Lo que el gobierno laborista de Anthony Albanese ha vendido al mundo como una cruzada heroica en defensa de la infancia es, en realidad, un monumento a la fatal arrogancia, un patético cóctel de autoritarismo de la vieja escuela con una ignorancia tecnológica pasmosa.

Australia decretó recientemente la ilegalidad del acceso a RRSS para los menores de 16 años, oficializando la expropiación de la patria potestad; nada que no se haya visto antes en los regímenes más tenebrosos de la historia. Bajo la excusa del consabido “imperativo moral” citado por la ministra de Comunicaciones, el Estado ha decidido unilateralmente que los padres son inútiles no sólo para proteger a sus hijos, sino para decidir el marco ético que determina lo que está bien o mal. Es paternalismo de libro, una intrusión obscena en las decisiones familiares, y parte de una ola autoritaria global destinada a establecer infraestructuras de censura y vigilancia masiva.

La medida ha sido, claro, aplaudida por políticos y medios masivos con fruición, del mismo modo que aplaudieron (aunque ahora lo nieguen) las ridículas pero criminales normativas del bienio covídico. Sólo eso debería encender las alarmas: el establishment siempre aplaude cuando se trata de expandir el poder estatal. Pero las encuestas revelan que la mayoría de los padres se opone a la prohibición, posiblemente porque no quieren que el gobierno les diga cómo educar a sus hijos o porque no ven las redes sociales como un peligro existencial. Es posible que esos padres confíen en sus propias capacidades para guiar y contener a su prole. Quién podría culparlos, los asiste la razón: primero porque sus hijos no son propiedad del Estado y segundo porque los burócratas demuestran una y otra vez su incompetencia en todos y cada uno de los ámbitos. Pretender que gestionen la madurez psicológica de una generación es un mal chiste.

Y es que no se trata de redes sociales, ni de su valoración clínica. Es sólo otra excusa que les permite legislar como maníacos para justificar su sueldo y existencia. El núcleo del problema es quiénes son los políticos para imponer su visión moral a millones de familias. Y, sobre todo, qué blasones tienen para determinar la educación de un adolescente. Sus cargos temporales no los convierten en sabios con autoridad para enseñar cómo vivir. Están haciendo exactamente lo que el Estado no debe hacer: convertir su propia moralidad en ley vinculante.

La prohibición australiana es parte de un impulso autoritario global que utiliza la “protección infantil” como pretexto para establecer un aparato de vigilancia llave en mano. Australia viene liderando el pulso con su Ley de Seguridad en Línea, que le dio poderes sin precedentes para actuar como censora no sólo localmente, sino del mundo entero. En abril de 2024, intentó forzar a X a bloquear globalmente imágenes, una demanda extraterritorial que Elon Musk rechazó acertadamente, aunque debió bloquear el contenido geográficamente en Australia.

El Parlamento Europeo se relame con estas ideas. Ha dado un paso firme hacia el abismo, con una abrumadora mayoría a favor de una resolución que aboga por restringir a los menores el acceso a redes sociales. Aún no es ley, pero la presión sobre la Comisión Europea para tomar medidas legislativas concretas es total. La resolución, aprobada hace apenas un mes, sugiere que el acceso debería vetarse totalmente por debajo de los 13 años y requerir autorización paterna explícita hasta los 16.

Estas medidas permitirían implementar sistemas de verificación más agresivos, lo que redundará en una recolección masiva de datos personales, escaneos faciales y creación de bases de datos centralizadas. ¡Gracias Gran Hermano! Todo esto bajo la amenaza de multas millonarias a las empresas tecnológicas que, a cambio, ganarán un activo de datos de valor incalculable. El sinsentido es tan enorme que cuesta creer que no sea adrede. Además, el aparato de vigilancia, una vez establecido, será irresistible para futuros pichones de Albanese. El control estatal es inflexible a la baja.

El efecto dominó es un hecho, la prohibición es observada con cariño por los políticos de todo el mundo. La Unión Europea ya tiene su Digital Services Act (DSA), una pieza monstruosa de legislación que impone obligaciones de “moderación de contenido” para más de 45 millones de usuarios y funciona como censura política legitimada y homogeneización del discurso según los estándares morales de Bruselas.

Documentos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos revelaron que la Comisión Europea ha utilizado el DSA para presionar por la eliminación de contenido político. La censura no es un efecto secundario del DSA; es su función principal y no se limita a Europa sino que pretenden aplicarse globalmente.

Gran Bretaña, otro infierno para la libertad de expresión, siguió el mismo camino con su Online Safety Act, que entró totalmente en vigor en julio de este año, usando como excusa a los niños (que el gobierno no pudo proteger de redes de pedofilia reales que operaron en el país libremente por décadas, y de ataques reales como los del concierto de Ariana Grande en Manchester o el acuchillamiento de Southport), para obligar a los sitios web a implementar verificación de edad invasiva, que amenaza el cifrado de extremo a extremo y crea nuevos delitos que criminalizan discurso.

Finalmente, pero no menos importante, es que la prohibición es en sí misma inútil, voluntarista y fantasiosa, y embriagada de un pensamiento profundamente luddista. De hecho, las plataformas ya tienen restricciones de edad que son ampliamente ignoradas y la mayoría de los chicos en el mundo usan redes sociales. Quienes celebran la prohibición imaginan que así los niños regresarán mágicamente a un estado de inocencia pre-internet. Es como un “neo-Buen Salvaje”. Fantasean con que los adolescentes volverán a un mundo analógico que ya no existe. Una nostalgia reaccionaria que pretende decretar en contra del avance del tiempo.

La realidad es que para niños y adolescentes, el mundo digital es su mundo, nacieron en él, entienden su entorno familiar, cívico, educativo, social e incluso amoroso a través de él. Así como las generaciones anteriores lo entendieron a través de la televisión, el teléfono, y como las muy anteriores lo entendieron a través de otros artefactos tan innovadores, desafiantes y que llenaban de incertidumbre a sus padres. No es posible tapar el Sol con las manos, cualquier niño puede manipular las restricciones de edad para poder seguir conectado, pretender volver el tiempo atrás no sólo es autoritario, es profundamente estúpido.

Resulta hilarante ver cómo se burla la ejecución práctica de la ley australiana. Vendida como un escudo impenetrable, los adolescentes australianos la están timando con facilidad. Algunos piden los documentos de un familiar; otros crean identificaciones falsas en línea. Se viralizaron ejemplos de chicos engañando a la verificación biométrica simplemente frunciendo el ceño, maquillándose o usando máscaras de juguete. El propio gobierno admitió que la tecnología “no es perfecta”. ¿En serio, Albanese?

El punto crucial, que merece especial énfasis, es que la prohibición no reconoce que las redes sociales son parte integral del mundo actual, son infraestructura social. Prohibir las redes sociales no hará que los jóvenes vuelvan a saltar por los prados, pero los aislará y excluirá de formas de socialización con las que nacieron, de las que son tan nativos como lo fueron sus abuelos de los álbumes de figuritas.

Los adolescentes no necesitan que los políticos les impongan una infancia idealizada que ya no existe y que, si alguna vez existió, ciertamente no volverá por decreto gubernamental. La sociedad no necesita más sistemas de vigilancia que inevitablemente serán abusados. Esto sólo demuestra que algunas democracias han olvidado que su cometido no es decidir sobre la vida de los ciudadanos, sino asegurar la libertad para que esas decisiones puedan ser tomadas.

Mientras tanto los chicos, armados con muecas o una VPN, ya están al otro lado, recordándoles a sus gobernantes que la libertad siempre se abre camino.