La Fiscalía de Corea del Sur ha dado un paso sin precedentes al solicitar la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, al que acusa de haber liderado una insurrección contra el orden constitucional tras decretar la ley marcial en diciembre de 2024, una decisión que provocó el despliegue del Ejército en torno al Parlamento y desencadenó una de las mayores crisis políticas de la historia reciente del país.

El equipo especial de fiscales considera probado que Yoon utilizó instrumentos propios de un estado de guerra para intentar someter a la Asamblea Nacional, movilizando a las Fuerzas Armadas y a la Policía con el objetivo de reprimir al poder legislativo y neutralizar a dirigentes políticos clave. Según la acusación, el entonces presidente actuó como máximo responsable de un intento deliberado de subversión institucional.

Durante la vista celebrada este martes en el tribunal de distrito de Seúl, los fiscales sostuvieron que las decisiones adoptadas por Yoon representaron una amenaza directa a la democracia surcoreana, al emplear una figura jurídica extrema —reservada para invasiones, guerras o catástrofes nacionales— sin que concurrieran las circunstancias legales para ello. «Se trató de un ataque frontal al sistema constitucional», señalaron.

La Fiscalía acusa además al exmandatario de abuso de poder y obstrucción a la justicia, y le atribuye haber ordenado o facilitado el arresto de altos cargos políticos durante la jornada del 3 de diciembre, entre ellos el entonces presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y el líder opositor Lee Jae Myung, hoy presidente del país.

Aunque Yoon ha defendido reiteradamente que la declaración de la ley marcial fue legal y constitucional, los fiscales han desmontado esa tesis y subrayan que el expresidente persistió en su decisión pese a las advertencias internas, empujando al país a una situación de ruptura institucional.

El caso ha arrastrado también a varios ministros y altos funcionarios de su antiguo Gobierno, imputados como presuntos cómplices por su participación en la planificación y ejecución de las medidas excepcionales.

Según el Código Penal surcoreano, el delito de encabezar una insurrección contempla tres posibles penas: pena de muerte, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzosos. La solicitud de la máxima condena convierte este proceso en un hito judicial y político, y sitúa a Corea del Sur ante un juicio histórico que podría marcar un antes y un después en la defensa del orden democrático en Asia.