El Gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha sido acusado de deportar a cientos de cristianos bajo la excusa de «motivos de seguridad nacional», en lo que juristas y organizaciones internacionales describen como una campaña sistemática contra la libertad religiosa en Turquía. según informa Fox News.
Durante una intervención ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la abogada Lidia Rieder, representante de la organización Alliance Defending Freedom (ADF) International, denunció que las autoridades turcas están etiquetando a residentes cristianos pacíficos como amenazas a la seguridad, impidiéndoles vivir o regresar al país.
«El uso de leyes de seguridad para castigar a quienes practican su fe es un ataque directo a la libertad religiosa», declaró Rieder en la conferencia de Varsovia. «Cuando los gobiernos manipulan los sistemas administrativos o migratorios para excluir a personas sólo por su fe, socavan el Estado de derecho y la convivencia pacífica que la OSCE dice defender», complementa.
Según la ADF, más de 350 cristianos extranjeros y sus familias han sido expulsados desde 2020, incluidos al menos 35 entre diciembre de 2024 y enero de 2025. A muchos se les asignaron «códigos de seguridad» (como N-82 o G-87) que les prohíben volver a entrar al país, calificándolos de «amenaza nacional».
Uno de los casos más conocidos es el del estadounidense Kenneth Wiest, protestante que vivió en Turquía durante más de 30 años antes de ser vetado sin pruebas en 2019, tras un breve viaje al extranjero. Su demanda, Wiest vs. Turquía, está ahora ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y podría marcar un precedente clave para la protección de la libertad religiosa en Europa.
La ADF señala que la persecución de minorías religiosas se ha intensificado desde que Erdogan llegó al poder hace más de una década, con la conversión de antiguas iglesias cristianas en mezquitas y crecientes trabas a la educación y el culto.
En su defensa, el Gobierno turco calificó las acusaciones como «infundadas y parte de una campaña de desinformación«. En un comunicado, el Centro de Comunicaciones para Contrarrestar la Desinformación de Ankara aseguró que Turquía «protege y restaura los lugares de culto» de cristianos, judíos y musulmanes, y que las expulsiones responden a «cuestiones administrativas, violaciones de visado o alteraciones del orden público«, no a motivos religiosos.
Sin embargo, Rieder replicó que «no puede existir libertad religiosa si los creyentes viven bajo amenaza de expulsión por practicar su fe«, y reclamó que la OSCE y sus Estados miembros exijan a Turquía acciones concretas para garantizar los derechos de las comunidades cristianas.
