Documentos internos de Hamás, incautados por el ejército israelí y analizados por NGO Monitor, han vuelto a encender las alarmas sobre la verdadera capacidad de la Unión Europea para operar en Gaza sin quedar sometida, directa o indirectamente, a la influencia del grupo islamista. Aunque los informes no acreditan un desvío directo de fondos europeos hacia la organización, sí describen un entramado de control, presión y vigilancia que condiciona buena parte del trabajo humanitario en la Franja.

Los archivos detallan un sistema estructurado de supervisión sobre las ONG: desde la identificación de intermediarios llamados «garantes», hasta el seguimiento constante mediante herramientas tecnológicas y redes de informadores. Se registran datos personales de los trabajadores, como sus creencias religiosas, hábitos privados o actividad en redes sociales, e incluso se contempla el uso de información de carácter moral como método de coacción.

El eje de este control se sitúa en dos organismos clave dominados por Hamás: el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social (MoSD). Toda organización que quiera operar en Gaza, incluida cualquiera que gestione fondos europeos, debe coordinarse con estas instituciones. El papel del «garante» —una figura autorizada por los servicios de seguridad— resulta esencial, ya que suele ejercer funciones directivas dentro de las ONG y actúa como enlace con el aparato del grupo islamista.

Un memorando fechado en 2022 identifica a 55 de estos garantes en 48 organizaciones diferentes. Algunos aparecen definidos como «miembros» o «afiliados» a Hamás, y se les considera susceptibles de ser utilizados para penetrar en asociaciones extranjeras. Entre las entidades mencionadas figuran ONG que han recibido financiación de la UE, como Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados, el Cuerpo Médico Internacional o CESVI.

La presión sobre las organizaciones no se limita al ámbito informativo. También existen mecanismos económicos de coerción. En 2019, Hamás ordenó el cierre temporal de las oficinas del Cuerpo Médico Internacional tras negarse a entregar documentación interna. Sólo pudo retomar su actividad después de aceptar una inspección. En otro expediente se mencionan supuestas irregularidades financieras detectadas en la ONG estadounidense ANERA tras intentos prolongados de acceso a su contabilidad.

Los documentos también apuntan a la utilización estratégica de algunos proyectos humanitarios con fines militares. Un informe de 2021 describe un programa agrícola de riego impulsado por Oxfam en una franja fronteriza especialmente sensible, donde la plantación de árboles habría sido considerada como posible cobertura para actividades armadas. NGO Monitor sostiene que esa intervención coincide con un proyecto financiado por Oxfam Novib con fondos comunitarios.

En el ámbito de las ayudas directas en efectivo, el control se intensifica. En programas como los desarrollados por Mercy Corps, el propio Ministerio de Desarrollo Social proporciona las listas de beneficiarios y exige la modificación de los formularios para eliminar cualquier referencia que permita identificar a miembros de la «resistencia».

Desde 2019, este ministerio está dirigido por Ghazi Hamad, integrante del buró político de Hamás y catalogado por Estados Unidos como alto cargo del grupo. Su departamento es una pieza clave en la distribución de transferencias monetarias y cupones de alimentos canalizados por la ONU y por ONG financiadas por la Unión Europea. La dependencia de los listados oficiales permite orientar la ayuda hacia sectores afines a la organización.

Además, el sistema de monederos digitales empleado en los pagos genera comisiones de retirada que pueden alcanzar el 20%. Distintos informes citados por NGO Monitor sostienen que múltiples casas de cambio operan con capital vinculado a Hamás, llegando a aplicar recargos de hasta el 40%, lo que convierte parte de la ayuda internacional en ingresos indirectos para intermediarios relacionados con el grupo.

Este nuevo escenario contrasta con las conclusiones alcanzadas por la Comisión Europea tras su revisión urgente de los programas de ayuda a Palestina en noviembre de 2023, realizada después de los ataques del 7 de octubre. Entonces, Bruselas analizó 119 contratos por valor de 330 millones de euros y aseguró no haber detectado ninguna transferencia de fondos hacia organizaciones terroristas. Aun así, declaró inviables siete programas y anunció un endurecimiento de las condiciones.

Como resultado de aquel examen, la UE incorporó cláusulas específicas contra la incitación al odio, reforzó el control sobre subcontratistas y estableció filtros más exigentes para impedir que entidades sospechosas accedieran a financiación europea. Algunos eurodiputados, como el alemán Niclas Herbst, han ido más allá y reclaman auditorías externas obligatorias para todas las ONG que quieran seguir recibiendo fondos comunitarios.

Por su parte, organizaciones como Oxfam o el Cuerpo Médico Internacional niegan cualquier tipo de relación con Hamás y defienden la solidez de sus sistemas internos de verificación. Sin embargo, aunque los documentos analizados no prueban que el dinero europeo haya terminado directamente en manos del grupo islamista, sí dibujan un ecosistema humanitario marcado por la intimidación, la supervisión constante y la capacidad real de Hamás para condicionar la gestión y el alcance de la ayuda en Gaza.