La ley de legalización de la eutanasia canadiense cumplirá el 17 de junio diez años de vigencia y para entonces el número de ciudadanos asesinados por el sistema sanitario del país llega casi a 100.000, más del doble de los muertos en la Segunda Guerra Mundial, que fueron poco más de 43.000. Es el país del mundo donde más personas han muerto por esta causa.
La Coalición para la Prevención de la Eutanasia calcula que, aproximadamente, 94.125 ciudadanos murieron mediante la asistencia médica para morir (MAID, por sus siglas en inglés), hasta finales de 2025. Desde su legalización, para enfermos extremos o incurables, el número de solicitantes no ha parado de crecer. En 2019, los asesinados con asepsia fueron 5.461 y en todo 2024 subieron a 16.499, según el Sexto Informe Anual de Salud.
Es decir, más de 45 canadienses fallecen cada día mediante eutanasia. ¿Tan insoportables son sus sufrimientos?, ¿qué hace el sistema sanitario de un país del G-7 para curar y cuidar a estar personas antes de que recurran a pedir la muerte?
Mientras la sanidad pública se hunde y los canadienses tienen que esperar semanas para un diagnóstico, meses para una operación de cirugía o años para una prótesis, el Gobierno del liberal Mark Carney, que en marzo de 2025 sucedió al también liberal Justin Trudeau (2015-2025), tiene la intención de ampliar el acceso a la eutanasia.
En 2021, el Parlamento aprobó la supresión del plazo de diez días entre la solicitud y la aprobación en casos considerados extremos, aunque sin detallarlos. Y en 2023 los liberales, apoyados por otros partidos, querían extender la eutanasia a enfermos mentales y menores de edad.
La muerte provocada ya está normalizada. La doctora Madeline Li, que despachó su primer paciente al mes de haberse legalizado la eutanasia y ya ha participado en cientos de ‘suicidios’ similares, mostró en una entrevista en 2023 su deshumanización: “El primero fue como saltar de un precipicio. Luego pasa el tiempo y se normaliza”. En varias provincias del país, según un informe del Comité de Revisión de Muertes por Asistencia Médica para Morir, cientos de peticiones de eutanasia son aprobadas el mismo día por parte de los médicos.
Extracción de órganos
Entre los efectos de la MAID se encuentran algunos que no sorprenderán a nadie: los pacientes liquidados mediante este procedimiento se convierten en bancos de órganos. Canadá es el primer país del mundo en obtención de órganos mediante eutanasia.
Uno de los casos conocidos fue el de un paciente de 38 años al que se le aplicó la ‘muerte digna’ y en cuanto se le diagnosticó el fallecimiento, producido a los siete minutos, se extrajo su corazón, que se conectó a una máquina que mantiene el flujo sanguíneo en los órganos mientras los conserva calientes. Luego se transportó por avión a la ciudad de Pittsburgh y se trasplantó a un ciudadano estadounidense de 59 años.
También se han registrado trasplantes de hígado, riñón y pulmón. ¿Animarán los médicos a sus pacientes a aceptar la MAID para disponer de órganos sanos?
Por otro lado, en una sociedad cuyos dirigentes presumen de diversa y multicultural, la eutanasia sólo afecta a los canadienses blancos: el 96% de los que la usan. Este desequilibrio quizás se deba a que las personas que provienen de India o China disponen de familias o redes sociales que les arropan y, también, que de ellas están más pendientes las Administraciones. Los anuncios a favor de la eutanasia son los únicos, junto con los de reclutamiento para las Fuerzas Armadas, que muestran exclusivamente a blancos. También están sobrerrepresentados los pobres y los jubilados.
Como ya anunciaron los grupos, tanto laicos como religiosos, opuestos a la eutanasia y como ha confirmado la evolución en otros países que la permiten (Bélgica, Suiza, Países Bajos), lo que se había presentado a la sociedad como excepcional para personas desesperadas e incurables se está convirtiendo en habitual, a la vez que se extiende a gente que seguiría viviendo, aunque con tratamientos caros.
A finales de 2024, Liz Hughes, directora de la Asociación de Libertades Civiles de la Columbia Británica, que presentó la demanda judicial de una particular que condujo a que el Tribunal Supremo revocara la prohibición de la eutanasia, declaró que «se está abusando de ella» y reconoció que algunas personas “recurrían a la asistencia médica para morir como resultado de circunstancias sociales intolerables”.
Por ejemplo, en 2022 la ex militar y atleta paraolímpica Christine Gauthier denunció en el Parlamento que, ante sus reclamaciones constantes a la Administración para que le diesen las subvenciones para adaptar su domicilio a su discapacidad, se le envió una carta en la que un trabajador social le ofrecía ayuda médica para matarse en su casa. El mismo gobierno incapaz de cuidar a sus veteranos ofrecía como remedio a su incompetencia el kit para matarse.
Otro caso que muestra el empeño de los regímenes liberales en destruir a los seres humanos es el de Lois Cardinal, un varón que en 2009, con veintiún años de edad, se sometió a una vaginoplastia para adaptar su cuerpo a su sentimiento de identificarse como mujer y que, a acusa de los grandes dolores que sufría, solicitó en 2023 la eutanasia y se quejaba de que se le hubiera denegado. Cardinal se definía como “transexual postoperatoria esterilizada perteneciente a las Primeras Naciones”.
En febrero de 2024, Cardinal fue entrevistado en un programa de televisión para lamentar que la operación le hubiese dejado incapaz de tener hijos y apoyar un proyecto de ley en Alberta que pretendía dar a los padres más intervención en el proceso cuando lo solicitaban hijos menores de edad.
Enfermos de ELA en España
Desde su aprobación en España, en junio de 2021, más de un millar de personas han recurrido a ella. La médica presidenta de la comisión vasca de eutanasia, Itxaso Bengoetxea, declaró en 2024 que en su región habían perpetrado 106 eutanasias en tres años, y añadió que si hay menos «muertes dignas» que en Canadá o en Países Bajos se responde a «una cuestión cultural». Querer que la sanidad te cure y no te mate es ya una cuestión cultural.
Un reportaje del diario ABC, de marzo de 2024, demostró que un 20% de los solicitantes eran enfermos de ELA desesperados por no recibir los cuidados paliativos prometidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Las administraciones prefieren incentivar la aplicación de la eutanasia que ayudar a los pacientes, algo más engorroso. Así, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García (PP), anunció en febrero de 2024 que se montaría un equipo móvil para “ejercer el derecho a la eutanasia” en las provincias andaluzas “donde hay objeción de conciencia” por parte de la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios. Como en Canadá, en España la ayuda para morir se concede antes que la ayuda para vivir.
