La Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos sobre China ha denunciado el supuesto tráfico ilegal de órganos en el país asiático y exigir una respuesta internacional ante una práctica que varios testigos vinculan a la persecución religiosa y étnica del régimen comunista.
La sesión, celebrada el pasado 14 de mayo bajo el título Un mercado construido sobre víctimas, reunió a expertos, supervivientes y representantes políticos que acusaron a Pekín de mantener un sistema de trasplantes basado en la explotación de presos de conciencia, entre ellos practicantes de Falun Gong, uigures y otros detenidos por motivos religiosos o políticos.
El congresista republicano Chris Smith, copresidente de la comisión, calificó estas prácticas como «asesinato disfrazado de medicina» y pidió al Senado que impulse la ley contra la sustracción forzosa de órganos, una iniciativa que busca sancionar a los responsables y aumentar el control sobre instituciones vinculadas a la industria china de trasplantes.
Durante la audiencia, el exembajador estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional Sam Brownback cargó contra la pasividad de los organismos internacionales. A su juicio, Naciones Unidas está tan condicionada por la influencia del Partido Comunista Chino que no puede actuar con eficacia aunque quisiera hacerlo.
Los testigos señalaron que la legislación internacional ya considera la extracción de órganos mediante coacción como una forma de trata de personas. El Protocolo de Palermo incluye la «extracción de órganos» dentro de la definición de trata, pero los comparecientes denunciaron que esa protección legal no se ha traducido en una respuesta firme frente a China.
Las sospechas sobre el sistema chino de trasplantes no son nuevas. En 2021, expertos de Naciones Unidas expresaron su preocupación por informes sobre el trato discriminatorio a detenidos por su origen étnico, religión o creencias. Desde entonces, investigadores y organizaciones de derechos humanos han señalado la existencia de exámenes médicos a poblaciones vulnerables, centros de detención opacos y tiempos de espera para trasplantes difíciles de explicar en un sistema basado sólo en donaciones voluntarias.
Pekín niega las acusaciones y sostiene que su sistema de trasplantes cumple los estándares internacionales. Sin embargo, los comparecientes ante el Congreso estadounidense afirmaron que el régimen chino utiliza su peso político, económico e institucional para frenar cualquier investigación de fondo en organismos multilaterales.
El periodista Jan Jekielek, editor de The Epoch Times, afirmó que la situación es «peor de lo que creemos» y acusó a las instituciones internacionales de mostrar un desinterés alarmante ante una de las denuncias más graves de violación de derechos humanos contra el régimen chino.
La presión se dirige ahora al Senado estadounidense. Los defensores de la iniciativa reclaman sanciones, restricciones de visado y mayor vigilancia sobre médicos, hospitales, universidades y empresas que puedan estar relacionadas con la industria china de trasplantes.
La audiencia ha vuelto a colocar a Washington ante una cuestión de fondo: si las democracias occidentales están dispuestas a enfrentarse al poder chino cuando están en juego la libertad religiosa, la dignidad humana y la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos.
