Durante años, cuando ya se veían por todas partes las desastrosas señales de la Gran Sustitución en los países occidentales, los partidarios de las fronteras abiertas de par en par tenían un país que señalar como prueba de que su modelo podía funcionar: Canadá.
Canadá, nos decían, un país en muchos sentidos asimilable a los países europeos, había conseguido lo que Europa no terminaba de lograr: integrar grandes flujos migratorios sin sobresaltos visibles, sostener el crecimiento y mantener una imagen internacional impecable. Frente al caos europeo o a las tensiones estadounidenses, Canadá aparecía como la prueba de que, con las medidas de integración adecuadas y bien gestionada, el modelo para convertir la inmigración masiva en un activo sin apenas costes funcionaba más o menos.
Hoy ese discurso no se lo cree nadie, ni siquiera el Ejecutivo canadiense. Y no es que el nuevo gobierno de Mark Carney haya renegado explícitamente de la tradición migratoria, lo que daría munición electoral a la oposición; se ha limitado a cambiar de rumbo sin más.
Un nuevo plan oficial fija en torno a 380.000 residentes permanentes anuales hasta 2028, una cifra inferior a la que se había consolidado en los últimos años, cuando Canadá se movía en torno al medio millón. Más significativo aún es el objetivo de reducir el peso de la inmigración temporal, que había crecido hasta niveles inéditos y que ahora se quiere situar por debajo del 5% de la población total en los próximos años.
Sin hacer proclamas, Canadá está reconociendo el fracaso de su anterior política de la fronteras laxas. El propio Carney ha evitado convertir la cuestión migratoria en un eje ideológico y ha preferido encuadrarla en términos de coste de vida y vivienda. En su primera comparecencia tras consolidar mayoría parlamentaria, habló de la necesidad de «reducir el coste de la vida y abordar la escasez de vivienda», una formulación prudente que, sin embargo, apunta directamente al problema. La presión demográfica ha empezado a chocar con la realidad material, y eso obliga a actuar aunque no se quiera reconocer abiertamente.
Canadá ha experimentado uno de los crecimientos poblacionales más rápidos del mundo desarrollado en los últimos años, impulsado en gran medida por la llegada de estudiantes internacionales y trabajadores temporales. Ese aumento acelerado no ha ido acompañado de una expansión equivalente de la vivienda. El resultado ha sido una subida sostenida de los precios, especialmente en las grandes ciudades, hasta convertir el acceso a una vivienda en el principal problema político del país.
Durante meses, los alquileres y el precio de compra han marcado la agenda pública. Solo cuando el Gobierno ha empezado a limitar la entrada de nuevos residentes, especialmente en las categorías más voluminosas, se ha observado una ligera corrección en algunos mercados urbanos. No se trata de un cambio estructural, pero sí de un indicio suficiente para establecer una relación que hasta hace poco se evitaba: la entre volumen migratorio y presión sobre recursos básicos.
El modelo de atracción de inmigrantes que Canadá aplicó especialmente bajo el desastroso mandato de Justin Trudeau pudo sostenerse más o menos (no sin importantes tensiones culturales) hasta que el ritmo de las entradas superó las posibilidades de las infraestructuras y los servicios. Y ahora hay que poner límites para evitar un colapso.
Sin reconocerlo, lo que sería política explosivo, sino disimulando el viraje mediante un lenguaje técnico: «equilibrio», «sostenibilidad», «ajustes necesarios». Pero la dirección del cambio es clara: menos volumen, más control, mayor selección. El sistema se orienta ahora hacia perfiles muy concretos —sanitarios, ingenieros, sectores estratégicos— con el objetivo explícito de que los nuevos llegados se integren rápidamente en el mercado laboral y no generen tensiones adicionales.
