El Gobierno japonés ha anunciado que reevaluará sus políticas migratorias en el mercado laboral para proteger los salarios de los nativos y la seguridad pública, al tiempo que busca evitar que el aumento de residentes extranjeros genere tensiones sociales. La medida, adelantada por el ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, incluye la creación de un equipo especial dentro de la Agencia de Servicios de Inmigración que elaborará un plan integral en los próximos meses.
Durante una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros del viernes, Suzuki explicó que se ha puesto en marcha un informe preliminar que recoge los principales temas de debate. Según detalló, el documento insta a analizar el impacto de la inmigración en cinco áreas clave: la sostenibilidad de las finanzas públicas, el equilibrio del sistema de seguridad social, la evolución de los salarios, la integración educativa y la preservación del orden público.
El texto reconoce que hasta ahora Japón ha gestionado la admisión de extranjeros de forma «fragmentada» y sin una estrategia coherente, lo que ha derivado en una política reactiva en lugar de planificada. Para el Ejecutivo, ha llegado el momento de abordar el asunto de manera global, dado que se prevé que la proporción de población extranjera crezca mucho más rápido de lo calculado en estimaciones anteriores.
Actualmente, el Ministerio del Interior cifra en 3,56 millones el número de residentes foráneos en el archipiélago, lo que supone un 2,9% del total. El Instituto Nacional de Investigación de Población proyectaba que ese porcentaje llegaría al 10% en 2070, pero el informe alerta de que ese escenario podría adelantarse varias décadas si no se adoptan medidas.
Una de las propuestas planteadas consiste en limitar temporalmente la entrada de inmigrantes cuando se detecten signos de tensión social por encima de lo considerado tolerable. Además, se estudia restringir ciertos permisos de residencia distintos a los programas de «Trabajador Cualificado Específico» y «Empleo para el Desarrollo», diseñados para cubrir sectores con gran escasez de mano de obra.
Este informe es el resultado de consultas con una decena de especialistas desde el mes de febrero y de la coordinación entre distintos ministerios, agencias estatales y la Secretaría del Gabinete, y marcará la base para la futura decisión del Ejecutivo sobre la orientación de su política migratoria.
