El régimen islamista de Irán anunció este sábado la ejecución de seis personas acusadas de pertenecer a una «red terrorista separatista vinculada con Israel», en un nuevo episodio de represión masiva bajo el liderazgo del ayatolá Ali Jameneí.

Según el Poder Judicial iraní, los ejecutados «habían llevado a cabo operaciones armadas y atentados contra la seguridad nacional en la provincia de Juzestán, una de las regiones petroleras más estratégicas del país». Las autoridades afirmaron que los acusados estaban implicados en la muerte de cuatro agentes de seguridad —dos policías y dos miembros de la milicia Basij— entre 2018 y 2019, aunque no revelaron sus identidades ni detalles del proceso judicial.

En paralelo, Irán confirmó la ejecución de Saman Mohammadi, condenado por moharebeh —el delito religioso de «guerra contra Dios»— y acusado de pertenecer a «grupos terroristas y takfiríes», término que el régimen utiliza para referirse a los movimientos islamistas que no se someten a la teocracia chií.

Mohammadi fue detenido en 2013, pero su sentencia se remonta a un crimen de 2009: el asesinato del clérigo suní progubernamental Mamousta Sheikh al-Islam en la ciudad kurda de Sanandaj. El reo, que llevaba más de una década en prisión, fue ahorcado tras ser acusado además de robo, secuestro y asesinato de un recluta.

Las nuevas ejecuciones, difundidas por medios estatales iraníes, se producen apenas una semana después de que Teherán anunciara la muerte por ahorcamiento de un hombre acusado de ser «uno de los principales espías de Israel». Fuentes de organizaciones de derechos humanos consultadas por DW denunciaron que los procesos judiciales iraníes suelen celebrarse sin garantías, bajo confesiones obtenidas mediante tortura y juicios sumarios que concluyen con la pena de muerte.

La República Islámica de Irán, que aplica la pena máxima mediante el ahorcamiento, es el segundo país del mundo con más ejecuciones después de China, según informes de Naciones Unidas. Las autoridades de Teherán suelen vincular a los denominados «grupos separatistas» con Israel y Estados Unidos, usando esas acusaciones para endurecer la represión interna y consolidar el discurso nacionalista del régimen.

Para los analistas, las ejecuciones de esta semana buscan enviar un mensaje político: reafirmar la fortaleza del régimen frente a los levantamientos sociales y las tensiones con Occidente. En los últimos meses, la Guardia Revolucionaria iraní ha multiplicado las detenciones de opositores, periodistas y activistas acusados de espionaje o «difusión de corrupción en la Tierra».